El acuerdo con las petroleras para no aumentar sus precios durante 60 días, promocionado a principios de mayo como un logro antiinflacionario del Ministerio de Energía comandado por Juan José Aranguren, incluye una cláusula que prevé mecanismos de “compensación” si las petroleras no pueden incrementar sus precios al nivel demandado. El documento firmado el pasado 8 de mayo, cuando todavía el dólar no había alcanzado su pico máximo, ya reconocía un atraso del 12% en los precios de los combustibles, que sería recuperado por las petroleras con una serie de aumentos mensuales hasta diciembre de este año.
Los detalles del llamado “Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria” firmado por el ministro Aranguren con las autoridades de YPF, Shell y Axion fueron difundidos este miércoles por Ámbito Financiero, a pesar de la intención oficial de mantenerlo en secreto. El documento implica un acuerdo de ocho meses, que prevé unos iniciales 60 días de congelamiento de precios de naftas y gasoil para luego ir recuperando el 12% de atraso de precios inicial más las actualizaciones posteriores con incrementos mensuales hasta el 31 de diciembre.
Pero lo llamativo es el punto octavo del acuerdo, donde Aranguren se compromete a buscar un «mecanismo» de compensación alternativo si las petroleras no pueden incrementar los precios según sus previsiones. Para calcular el atraso de los precios se tomará en cuenta el valor internacional del barril de petróleo Brent, el valor del dólar y los precios del biodiesel y el bioetanol. En el caso de estos últimos, es necesario sabe que el bioetanol compone el 12% de los combustibles de las petroleas y que su precio aún sigue regulado por el Estado. A mediados de mayo el Ministerio de Energía autorizó aumentos de entre el 6 y el 9% para los mismos, sumando más argumentos a los reclamos de aumentos de las empresas petroleras.
Desde la firma del acuerdo todas las variables sufrieron fuertes aumentos. El Brent pasó de 73,37 dólares a 75,38, el dólar de 21,20 pesos a 25,40, el bioetanol de caña de 16,16 a 17,37 pesos y el bioetanol de maíz de 13,16 a 14,09 pesos. Sólo el biodiesel se mantuvo estable tras el aumento de 5% fijado a principios de mes por la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos.
En el sector petrolífero estiman que en este contexto la “cuenta compensatoria” podría marcar un atraso de hasta 50% en los costos luego del período de congelamiento, lo que implicaría una serie de aumentos mensuales con una primera cuota de 12% que cubriera el aumento actual y luego otro 7,6% mensual hasta fin de año, independientemente de los reajustes derivados de los movimientos de esos meses.
Durante 2018 los combustibles ya acumularon alzas de hasta 12%, llevando la referencia del litro de nafta súper de YPF a 25,24 pesos y se especula con un posible precio de hasta $50 a fin de año. Un informe de la consultora Economic Trends consideró que “el precio de la nafta premium, cuyo valor teórico se mueve al ritmo del precio internacional del petróleo y de la cotización del dólar, y cuyos impuestos internos (Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono), podría superar, de mantenerse los actuales niveles de inflación, cerca de $ 49 por litro en diciembre de 2018”.
Frente a un escenario de inflación desatada que destruye las proyecciones y promesas oficiales, el Gobierno podría optar por, como señala el octavo artículo del acuerdo, compensar parte de estas diferencias de precio de las petroleras por otros mecanismos. Una opción podría ser la postergación del cobro del renovado impuesto a los combustibles (exITC), que debería entrar en vigencia en la primera quincena de junio. La AFIP debe informar en estos días cuál será esa tasa impositiva, pero se espera un aumento de entre 7% y 8%. Otra opción pasaría por subsidiar parte del incremento en naftas y gasoil que no se pueda trasladar a precios, pero en el contexto de apuesta oficial para reducir el déficit fiscal y cumplir con las exigencias del FMI es la alternativa más improbable, por lo que se evalúa la posibilidad de que la compensación pase por una nueva emisión de deuda o por retribuciones en operaciones no vinculadas al downstream.
