Un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav) señala que “Argentina fue el país que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años” y arrojó que en un ranking de ocho países de la región, Argentina pasó a la tercera posición.
Según el estudio, en 2015 la incidencia del costo tarifario era cercana al 6% producto de los subsidios a segmentos socioeconómicos medios y bajos, y se pasó a una incidencia de 23,5% actualmente mediante un esquema de liberalización tarifaria.
“Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2% en los últimos tres años”, resaltó Undav.
El informe señala que al significativo aumento en servicios del hogar, se sumó la suba en transporte público urbano. Desde inicios de 2016 se incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. En materia de transporte, por su parte, los aumentos fueron del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177 % en subtes, para el acumulado trianual.
“Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año”, remarcó el informe.
El trabajo realizado por la Undav describe la evolución del costo tarifario en el país, indagando en su peso sobre diferentes conceptos de ingresos familiares. Además, expone una comparativa regional para examinar la estructura tarifaria en otros países de la región, y evalúa la tasa de rentabilidad de las principales compañías energéticas del país.
“En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven como sus ingresos salariales y no salariales se reducen lo que las lleva a sustituir consumos para poder pagar un servicio esencial como lo es el gas natural y la electricidad”, concluyó.
