En el marco de la creación de una nueva empresa de energía, Integración Energética Argentina SA a partir de la fusión de Energía Argentina SA (Enarsa) y Emprendimientos Binacionales SA (Ebisa), el Gobierno nacional dispuso la venta de activos estatales en el sector por más de mil millones de dólares, incluyendo centrales termoeléctricas y diversas participaciones accionarias en otras empresas de energía.
La noticia se dio a conocer a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 882/2017, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Energía Juan José Aranguren. Desde el gobierno señalan que la medida se explica como parte del programa de desburocratización del Estado y reducción del déficit fiscal, a tono con el paquete de reformas presentado por el presidente Macri este lunes en el CCK.
El decreto planta que “se estima conveniente concentrar la ejecución de las obras públicas que en materia energética lleva adelante el Estado Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería, en una entidad que posibilite una gestión ágil y eficiente”.
Enarsa, creada en 2004, es la empresa estatal encargada de generar, distribuir y comercializar energía eléctrica, además de otras atribuciones vinculadas a la prospección y explotación hidrocarburífera y la importación/exportación de gas natural. El objetivo de Ebisa es la comercialización de la energía entregada por los emprendimientos binacionales (a través de ella se gestionan también los derechos accionarios sobre Yacyretá), pero ahora será absorbida por Enarsa, quedando ambas fusionadas en la nueva Integración Energética Argentina SA, bajo la órbita del Ministerio de Energía. El directorio de la nueva compañía sería el mismo que actualmente conduce Enarsa.
El nuevo ente integrado tendrá a su cargo la continuación de las obras en las dos represas hidroeléctricas santacruceñas (a las que se les quitan los nombres de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic para volver a sus nombres originales de Condor Cliff y La Barrancosa), la central térmica Río Turbio, el gasoducto Regional Centro II (Esperanza/Rafaela/Sunchales), el gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico, el gasoducto Cordillerano y el gasoducto de la Costa. Respecto de las centrales hidroeléctricas santacruceñas, el decreto también abre la puerta a su privatización: “El contrato deberá prever la posibilidad de la transferencia de dicha concesión al sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo”.
El texto publicado en el Boletín oficial plantea que “el sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país, para lo cual resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte”. En este sentido, se considera “conveniente transferir ciertos emprendimientos energéticos en los que el Estado Nacional tiene participación, a empresas del sector privado que posean las capacidades técnicas y financieras suficientes para garantizar, en su caso, una eficiente finalización de las obras y/o la operación y mantenimiento”.
En este marco de fomento de la actividad privada en el sector energético, el decreto establece la venta de una serie de activos energéticos actualmente en manos del Estado para destinar lo recaudado al repago de obras en ejecución. Se pusieron a la venta las centrales de ciclo abierto Ensenada Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), en ambos casos con el compromiso de completar la ampliación ya proyectada para ambas plantas. También se venden “los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II”, reservándose el Estado el derecho de cancelar el proyecto.
Además se ponen a la venta las participaciones accionarias del Estado en la Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA. También se ponen a la “venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” los derechos que correspondan al Estado Nacional en relación las centrales Termoeléctricas Manuel Belgrano, José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
El decreto concluye asegurando que “los actos relativos a las ventas y transferencias a las que se aluden los artículos precedentes contemplarán procedimientos públicos y competitivos”.
