El tramo central del expediente ya fue elevado a juicio oral y se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal 6.
El Tribunal no tiene jueces titulares y está integrado, por el momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún. En el juicio participará la querella de Cristina Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
El atentado se produjo en la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando la vicepresidenta saludaba a un grupo de personas que le manifestaban su apoyo en la puerta de su departamento, en Recoleta. Allí, mientras Cristina Fernández de Kirchner estaba por firmar un libro, Fernando André Sabag Montiel le apuntó a la cabeza con una pistola de uso civil y gatilló pero sin que saliera ningún disparo.
Según el peritaje, Sabag Montiel no movió hacia atrás la corredera de la pistola, por lo que el proyectil no entró en la recámara y eso evitó que saliera el disparo.
A fines de mayo de este año, el fiscal Carlos Rívolo solicitó la elevación a juicio oral del caso, dejando como responsables solo a los detenidos, considerados “tres locos sueltos”, sin incluir a los señalados como posibles instigadores, partícipes y financistas. «Para CFK no hay ni habrá justicia», manifestó la vicepresidenta en una carta.
En el debate oral, Sabag Montiel tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio, mientras que su novia y colaboradora, Brenda Uliarte, cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín, acusado de ser el entregador del coche bomba que se utilizó en el atentado terrorista a la mutual judía AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Por su parte, el presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el letrado particular Gastón Marano.
El nombre de Milman apareció en el expediente tres semanas después del atentado, cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y manifestó que había escuchado al legislador de Juntos por el Cambio referirse al atentado antes de que ocurriera. «Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente: ambas negaron que esa frase haya sido pronunciada.
Esa pista no fue elevada a juicio: recientemente la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro del teléfono de Milman y su apertura también fue autorizada por la Cámara de Diputados. Al habilitar la medida, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi indicaron que «la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1 de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-«, según surge del fallo.
En simultáneo, el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.
Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue «premeditada». Es decir, que idearon «un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación». Sin embargo, advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.
El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había pertenecido a un vecino ya fallecido. De las conversaciones por WhatsApp que lograron reconstruirse a lo largo de la investigación surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar desde allí un francotirador, pero luego optaron por otra mecánica.
«De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella», señaló el fiscal tras repasar esas conversaciones.
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Los vínculos con Revolución Federal
Desde el sector de la vicepresidente insisten en solicitarle a la jueza que investigue la pista que involucra a Revolución Federal.
La organización de ultraderecha liderada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa fue responsable desde el comienzo de difundir mensajes de odio en contra de Cristina Kirchner y otros referentes, y de incitar a la violencia en contra de la vicepresidenta, además de expresar abiertamente la idea de asesinarla en plataformas como Twitter Spaces y con acciones en la calle.
En este sentido, llevaron a una movilización en Plaza de Mayo una guillotina que decía: «Todos presos, muertos o exiliados», y ya tenían una causa por daños e incidentes frente a la casa de Cristina, e imputaciones por insultar, amenazar, y perseguir a dirigentes.
Fundamentando que no se podía probar «que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica» y que no había pistas de que «los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante», la fiscalía cerró el caso sin ahondar en el rastro de más de 10 millones de pesos que Caputo Hermanos —empresa de la familia de Nicolás, exministro de Finanzas de Mauricio Macri— le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, por unos supuestos trabajos de carpintería que nunca realizó.
El papel de Revolución Federal en la trama del caso es clave especialmente por la vinculación de Jonathan Morel con Caputo Hermanos y por la militante de la Libertad Avanza, Delfina Wagner, quien mantenía contacto con Morel y a la vez con Brenda Uliarte, y que incluso podría estar vinculada a Gerardo Milman. La querella de CFK pidió investigar a Wagner, que actualmente vive en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de la vicepresidenta.
