Por disposición del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, se dará inicio a una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., de la familia Macri, por la deuda de la compañía.
Balbín lo hizo a través de una resolución en la que el texto explicita: «Encomiéndase a la Dirección Nacional de Auditoría de esta Procuración de Tesoro de la Nación la realización de una auditoría de la actuación de los representantes del Estado Nacional en los autos caratulados CORREO ARGENTINO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N.º 94360/01) y sus Incidentes, en trámite por ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.
También dispuso la apertura de un sumario administrativo sobre el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo sin tener siquiera un nombramiento formal para actuar, acuerdo que fue objetado por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por abusivo y perjudicial para los interés públicos porque implica una condonación del 98,2% de la deuda de la empresa con el Estado.
La Sala B de la Cámara Comercial tendrá que resolver si homologa el acuerdo entre el gobierno y el Correo o hace lugar al pedido de la fiscal y lo revoca, pudiendo el caso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
