Aunque el Gobierno nacional insiste con que ya ha comenzado la reactivación económica y la recesión ha quedado atrás y exhibe estadísticas del Indec para probarlo, lo cierto es que esa mejoría de datos en la mayoría de los casos se da en comparación con el año 2016, que fue el punto más bajo de la última década, y que además esta recuperación en algunos ítems macroeconómicos no implica una correlativa mejoría en la distribución social de la riqueza, sino todo lo contrario. La mitad de los trabajadores del país percibe ingresos menores a 10 mil pesos y la brecha de desigualdad que mide el coeficiente de Gini no ha cesado de empeorar desde la asunción de Mauricio Macri.
El coeficiente de Gini se utiliza a nivel mundial para medir la brecha en la distribución de los ingresos y constituye un índice de desigualdad social. Cuando más se acerca a la unidad, mayor es la distancia entre los sectores más ricos y más pobres de un país. En 2015 Argentina medía 0,410 y en el segundo trimestre de 2017 alcanzó 0,428 puntos, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), marcando incluso un leve empeoramiento respecto del mismo trimestre del año pasado, cuando se ubicó en 0,427.
El informe oficial, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares, confirma que en el segundo trimestre de este año la diferencia entre el ingreso familiar promedio del 10% de los hogares más pobres y el 10% más rico llegó a 19,6 veces, con lo que se constata un ensanchamiento de la distancia entre los extremos de la pirámide distributiva, incluso con respecto a al mismo período de 2016 cuando la brecha era de 18,9 veces (en 2015 fue de 16,3 veces). Esto significa que durante el trimestre pasado, el 10% más rico se apropió del 31,3% de los ingresos mientras que el 10% más pobre apenas logró el 1,6% de la masa salarial total (para alcanzar el nivel de ingresos del decil más pudiente de la sociedad habría que sumar los seis deciles más bajos).
El Indec indicó que el decil superior de la percibe ingresos entre 25 mil y 500 mil pesos mensuales, mientras que el decil inferior obtiene entre 70 y 3 mil pesos. Alrededor de la mitad de los trabajadores del país no superan los 10 mil pesosmensuales, mientras que el costo de la canasta familiar mínima para no se considerado pobre supera hoy los 15 mil pesos (la canasta mínima que marca el nivel de indigencia es de 6.132 pesos, lo que incluso sólo consumos alimenticios, sin tener en cuenta el pago de servicios).
Este escenario cada vez más complicada para los sectores menos pudientes de la sociedad se completa con datos que confirman una creciente destrucción de puestos laborales en la industria y una precarización generalizada, una inflación que pese a las promesas oficiales cerrará el año por encima del 20% y la promesa de nuevos tarifazos en múltiples áreas para después de las elecciones de octubre.
Es decir que si bien puede ser cierto que la economía en su conjunto creció 2,7% (de todos modos hay que recordar que en 2015, año caratulado como de catástrofe por un macrismo entonces opositor), los beneficios de este crecimiento no se distribuyen por igual en la población, tendiendo a consolidar un escenario económico-social en el que los más ricos aumentan sus niveles de ingresos mientras que los sectores más vulnerables de la sociedad sufren el impacto directo de la desigualdad distributiva, con pérdidas de ingresos, de poder adquisitivo de los salarios y de todo tipo de beneficios sociales que tienden a recortarse en pos de una presunta lógica de racionalización económica.
