Comenzó a circular un borrador de decreto por el que el Gobierno nacional degradaría la Secretaría de Deportes al rango de Agencia de Deporte Nacional. Con esta decisión, 700 hectáreas propiedad del organismo en Capital, Ezeiza y Esteban Echeverría quedarían disponibles para negocios inmobiliarios.
El decreto emitido por la Secretaría de Deporte le otorga a la Agencia por crearse “plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado” y detalla que “su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título”. Entre estos se cuentan las 11,5 hectáreas del Cenard, en el barrio de Núñez, los predios de Ezeiza donde funcionan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol y el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe), de Esteban Echeverría. En el paquete no entrarían las 42 hectáreas cedidas precariamente a la AFA en comodato hasta 2048 ni las 35 de la villa olímpica construida en Villa Soldati para los Juegos de la Juventud, propiedad del Gobierno de la ciudad.
Si bien el borrador tiene la firma del nuevo secretario de Deporte Diógenes de Urquiza Anchorena (empresario y ex titular del Enard), el cerebro detrás del decreto sería Fernando Marín, ex gerenciador de Racing cuando lo controlaba Blanquiceleste SA y asesor rentado del presidente Mauricio Macri con cargo equivalente al de subsecretario. El proyecto se basa en una creación del gobernador cordobés José Manuel de la Sota de 1999: la Agencia Córdoba Deportes, un ente mixto basado en experiencias brasileñas para conseguir dinero fresco y presuntamente agilizar la administración.
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Ante la difusión del borrador de decreto, la Confederación Argentina de Deportes (CAD), que ya presentó un amparo contra la derogación de la ley 27.201 que creó el Enaded (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo), ahora confirma que presentará otro contra la creación de la nueva Agencia. Rodolfo Paverini, presidente de la entidad, explicó: “Nos quieren quitar la legitimidad activa para intervenir, de eso se trata. Porque saben que si se firmara este DNU presentaremos denuncias por abuso de poder, persecución ideológica más la carátula accesoria de tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
En su momento la entidad también tuvo conflictos con el ex titular de la Secretaría de Deporte Carlos Mac Allister, quien alentó una escisión del CAD, por lo que varios de sus dirigentes fueron querellados penalmente por el delito de administración infiel, incluyendo al director nacional de Deportes y primer vicepresidente de la Federación Mundial de Karate, José García Maañón.
Con el nuevo decreto, la Agencia centralizaría todos los temas de política deportiva. En el artículo quinto, que fue analizado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se establecen los mecanismos para obtener recursos y administrar los bienes sometidos a su control, incluyendo posibles ventas, locaciones y otras formas de contratación, además de la oferta de bienes y servicios arancelados y derechos publicitarios.
Para garantizar esas potestades, el decreto deroga artículos de la ley 20.655 (ley del Deporte), de la 24.052 que creó la comisión de automovilismo y motociclismo deportivo, de la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), de la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo) y de la 27.202 (nueva Ley del Deporte).
El artículo 14 del borrador establece que “hasta tanto la Agencia del Deporte Nacional cuente con plena operatividad, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación prestará los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica”, por lo que en la transición las decisiones vinculadas con el organismo serán tomadas por el secretario de la Presidencia Fernando De Andreis, ex dirigente de River.
Lejos de las promesas de campaña de incorporar la Secretaría de Deporte a la órbita de presidencia de la Nación para “potenciarla”, antes de la salida de Mac Allister del organismo se había evaluado la posibilidad de realizar los cambios legales necesarios para avanzar hacia la nueva Agencia por la vía parlamentaria, pero ahora parece que la estrategia elegida sería la del decreto, que el presidente Macri podría firmar a la brevedad.
