Este miércoles obtuvo dictamen en la Cámara Alta un proyecto de un grupo de senadores peronistas para penalizar con hasta cuatro años de prisión y eventual juicio político la filtración de escuchas judiciales. Luego del dictamen unánime en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto será debatido en el recinto la próxima semana.
La iniciativa lleva las formas del jefe del bloque del bloque peronista en el Senado Miguel Ángel Pichetto, además de los senadores justicialistas Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino y Carlos Espínola, pero cosechó el apoyo de legisladores de todas las bancadas. La preocupación por la confidencialidad de las escuchas judiciales se manifiesta luego del escándalo por la difusión de los audios entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, que motivó que hasta la Corte Suprema abra una investigación al respecto.
El proyecto de ley responsabiliza a funcionarios judiciales y encargados de las escuchas por las eventuales filtraciones, pero se deja de lado la posibilidad de sancionar a los periodistas que las difundan, como forma de proteger la libertad de prensa. También se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales una estricta cadena de custodia de los datos recolectados y la redacción de un protocolo que luego deberá ser aprobado por la Corte Suprema.
La violación de la confidencialidad de las escuchas y su “filtración” se sancionarán con penas que van desde una falta grave administrativa (para las violaciones leves de las normas de custodia) hasta los cuatro años de prisión (para quienes “a sabiendas” divulguen o vendan las escuchas para su difusión). También se establece que los jueces y funcionarios judiciales involucrados puedan ser acusados de mal desempeño en sus funciones y eventualmente llevados a juicio político.
