Julieta Ripoli, ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, declaró ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y ratificó sus denuncias sobre “la renegociación espúrea” de la prolongación de los contratos de concesión de las autopistas para beneficiar a la familia presidencial. Aseguró que existieron “cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”.
La ex funcionaria sostuvo que hubo “un liso y llano direccionamiento de dos contratos de concesión de obra pública” y explicó que a Autopistas del Sol (Ausol) “se le agregaron obras que ya debían estar ejecutadas y pagas o incluidas en los montos no amortizados en el contrato anterior”, por un monto de hasta 400 millones de dólares.
En su declaración, Ripoli también detalló el plan del gobierno para copar Vialidad y beneficiar a los holdings socios del Presidente. Afirmó que todos los directores nombrados por Cambiemos “estaban o estuvieron vinculados a Socma, Sideco Amerciana, Iecsa y Ausol”. Según la ex funcionaria, el responsable de “designar a personas afines, de confianza o aquellas por ambición, conveniencia o estrecha vinculación con los grupos concesionarios” fue el entonces titular de Vialidad Javier Iguacel, luego ministro de Energía de la Nación.
La causa investiga si el Presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional direccionaron las concesiones de los peajes en favor de Ausol y GCO, para beneficiar al Grupo Socma (propiedad de la familia Macri). Al mismo tiempo se analiza el pago de 500 millones de dólares a Ausol, una compañía cuyo principal accionista era el Grupo Macri.
Antes de que Ripoli declarara, el juez Canicoba Corral ordenó medidas de prueba propuestas por el fiscal Carlos Stornelli, entre las que se cuentan un pedido de información al Ciadi y al Procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías.
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