La causa que indaga la pérdida de 400 vacunas contra el Coronavirus en la ciudad de Olavarria, gestionada por Ezequiel Galli (PRO) presenta novedades: el juez federal de Azul Gabriel Di Giulio resolvió aceptar la competencia del expediente y solicitó la remisión de los más de tres cuerpos con que cuenta la investigación.
Además, se libró un oficio al «Juzgado de Garantías Nº 1 (…) fin de solicitarle que se inhiba de continuar interviniendo en la causa» y la envíe al fuero federal. La carátula de la investigación es «alteración peligrosa de aguas potables, alimentos o medicinas – artículo 200» y tiene como imputados a los directores del Hospital «Luciano Fortabat» Silvina Rosende y Mario Díaz, y al director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi.
De acuerdo a la resolución del magistrado, que difundió el medio «El Popular» la pérdida de las dosis en Olavarría impactó al «servicio público de la nación afectando a la salud pública» y resolvió «declarar la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Azul para intervenir en la investigación penal tramitada actualmente por la UFI Nº 10 de Olavarría y con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1» que encabeza la jueza Fabiana San Román.
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Lo sucedido con las dosis de la Sputnik V en el distrito bonaerense a principios de este 2021 despertó sospechas en el gobierno bonaerense. Para el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, «llamó la atención que no funcionen las cámaras de seguridad, pero reclamó que dejar que la Justicia averigüe qué pasó».
En tanto, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, advirtió también que si fue un sabotaje «habrá que ir hasta las últimas consecuencias» y explicó que al hospital «llegaron 450 dosis, de las cuales se habían aplicado ya 50» y dijo que «las otras 400 vacunas perdieron la cadena de frío por estar a temperatura ambiente».
