El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa recibió a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y a otros funcionarios para avanzar en la conformación del Consejo de Seguridad, un organismo que dependerá del Congreso de la Nación y estará integrado por fuerzas oficialistas y opositoras.
También participaron de la reunión la Jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad Cecilia Rodríguez, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad Gabriel Fuks y los diputados del Frente de Todos Máximo Kichner, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Paula Penacca.
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El eje del encuentro pasó por la definición del proyecto de ley que ordenaría el funcionamiento del Consejo de Seguridad que, según trascendió, ya estaría bastante avanzado, aunque no se ha definido todavía fecha para su debate en el Parlamento. También se analizó puntualmente el Operativo Centinela, que deriva efectivos de Gendarmería de sus tareas fronterizas a determinados puntos de conflicto en distintas ciudades del país, una iniciativa que había sido implementada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010.
La idea del Consejo de Seguridad responde al mismo esquema por el que el Gobierno de Alberto Fernández el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Consejo Federal Contra el Hambre, iniciativas que involucran a la oposición y a figuras extrapartidarias para abordar algunos de los problemas centrales de la realidad nacional. También se encuentra en proceso de conformación el Consejo Económico y Social.
Más allá de la falta de definiciones específicas en torno al Consejo de Seguridad, se parte de la base de un cambio radical en las políticas del área a partir del cabio de gobierno. A poco de asumir, la ministra Frederic dio de baja varias iniciativas impulsadas por la ex ministra Patricia Bullrich, entre las que se cuentan el protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad (conocido como “doctrina Chocobar), el uso de las cuestionadas pistolas eléctricas Taser, el Programa Ofensores en Trenes que permitía a las fuerzas policiales requerir el DNI en als estaciones y el polémico Servicio Cívico Voluntario.
