Dante Avaro es Investigador del Conicet y Licenciado en Economía. En diálogo con Informe Político, habló sobre las medidas económicas del nuevo gobierno, primera semana de gestión de Milei, inflación, protocolo antipiquetes, ajuste y aumento de precios.
-¿Qué opina de las medidas económicas anunciadas?
Después de la cadena nacional del miércoles por la noche (DNU-2023-70-APN-PTE) los anuncios de la semana pasada por parte de Caputo ya no están en la superficie de la discusión pública, aunque su vivencia golpea muy duro (y lo seguirá haciendo). Intentaré responderle tomando el conjunto de medidas, para ello le propongo tres dimensiones de análisis. Trataré de ser sintético.
Primera. Se observa una convergencia entre las promesas de campaña, las acciones de gobierno y las expectativas que tuvieron sus votantes (quizá también los que votaron por los otros candidatos). Sobre este asunto de las expectativas de los votantes quiero señalar algunas cuestiones que me parecen relevantes. El común denominador entre los votantes reside en tres expectativas: la reducción de la inflación, el compromiso de un marco estable para la vida económica y finalmente una toma de posición política para enfrentar la inseguridad ciudadana y la producción de un orden público inserto en el régimen democrático. En todo ello, parecen haber razonado sus votantes, es quizá menos importante la reducción de impuestos que acabar con la miscelánea fiscal constante, las re-regulaciones y la falta de seguridad jurídica (que golpea más fuerte en la medida que se tienen menos recursos económicos). Y por el lado del orden público (que para decirlo de pasada preocupó y mucho en los primeros años del alfonsinismo, muestra de ello son los interesantes debates en La Ciudad Futura) un núcleo importante de los votantes del presidente Milei parecen haber expresado preocupación por una democracia que a juicio de ellos está acorralada por concepciones estrechas del bien y por intereses privados-corporativos. La imagen pública del presidente monitoreando la manifestación y el cumplimiento del protocolo anti-piquetes va en la línea de mostrarse preocupado y ocupado sobre el tema del orden público de cara a una ciudadanía que ha expresado en más de una ocasión agobio por los cortes de calles y avenidas. Por otra parte, el DNU se inscribe en la línea de desregulación y re-estructuración económica, iniciativa audaz que posiblemente genere temores en varios de sus votantes. Si tenemos oportunidad podemos más adelante ahondar sobre el particular.
Segunda. Durante la semana pasada el gobierno comenzó a implementar medidas tendientes al “saneamiento fiscal” cuyo horizonte de promesa es la responsabilidad fiscal. En esta semana se proponen varias medidas orientadas a la “desregulación”. Para decirlo en términos elegantes a la necesidad (es decir, lo “inevitable” a juicio del gobierno) ahora parece sumarse la libertad de decisión (el componente liberal vía las desregulaciones). En términos populares, a la de cal ahora le toca la de arena. Aunque para muchos esta de arena puede ser vista como otra más de cal. Se abre ahora un impasse a tres bandas. Una, la negociación política y control de constitucionalidad. Habrá que ver qué asuntos del DNU está el gobierno dispuesto a negociar con la oposición (y con grupos de poder específicos) y viceversa: qué y sobre qué están dispuestos los opositores negociar (esto se juega en un terreno a futuro: nuevas leyes y otros paquetes de DNU). Dos, un acalorado debate público. Los opositores al gobierno anclarán sus discursos sobre áreas y tópicos sensibles a la opinión pública: privatizaciones (Tít. III del DNU), reforma laboral (Tít. IV del DNU), megaminería y soberanía energética (Tít. VII y VIII del DNU), renunciamiento legal al control de precios (derogación de las Leyes N° 20.680, N° 18.875, N° 27.545, entre otras) y algunos tópicos del comercio exterior (Tít. V del DNU). Van a rugir voces por todos los foros. Tres, entre el gobierno y los ciudadanos, especialmente con sus propios votantes. El gobierno tendrá que convencer a todos aquellos a los que las medidas les parezcan demasiado audaces (es decir, excesivamente promercado). Para decirlo de manera poco elegante: el presidente liberal tendrá que convencer a la porción de su electorado que no es liberal (que son los más) sobre los beneficios de una organización económica promercado. Un desafío importante. Se verá.
Tercera. Creo, a diferencia de muchos analistas, que en el corto plazo no haber establecido hitos temporales para la consecución de resultados (económicos) le dará al presidente bastante rédito (o respiro) político. Para decirlo con una metáfora trillada pero útil: escudarse en el túnel y la herencia le permite ganar tiempo y ejecutar acciones de gobierno. Las pruebas están a la vista: la agenda gubernamental es frenética.
-¿Cómo puede impactar en la gente un primer gobierno liberal libertario?
La sociedad no se ha vuelto liberal de la noche a la mañana, tampoco el gobierno es anarcocapitalista. Lo primero afirma que, si las cosas no salen bien con este gobierno, la ciudadanía no tendrá reparos en votar otro gobierno con una orientación política totalmente opuesta. Lo segundo significa que la orientación liberal de las promesas de campaña y su aceptación en el electorado, sí marcan, en cambio, un nuevo juicio ciudadano sobre los límites del Estado, es decir, sobre la intromisión excesiva del gobierno en la sociedad, sobre las personas y sus planes de vida. Este asunto es retratado por el presidente y sus críticos como cambio de régimen económico. Volviendo al punto medular de su pregunta la clave para analizarla será la siguiente: cómo se establecerá la relación entre la demanda de bienes públicos y la dinámica económica, es decir, cómo los votantes juzgarán la oferta pública de bienes y su costo. Y esto dependerá de su bolsillo. Dicho de otra forma: los beneficios de la desregulación (y seguramente del paquete de leyes que el presidente envié al Congreso en los próximos días) no serán inmediatos, la devaluación y el ajuste de la semana pasada ya lo estamos padeciendo. La labor política del presidente y de todos sus funcionarios será, en los próximos meses, ajetreada y altamente desgastante.
-¿Cómo calificaría la primer semana de gestión?
Creo que hay cuatro asuntos que están en la mente de la mayoría de los ciudadanos (también de los políticos).
Uno, el gobierno mostró iniciativa política y fijación de agenda gubernamental y pública. A juzgar por el DNU quizá posee demasiada iniciativa. Para asombro de extraños (y también de algunos propios) el gobierno se mostró audaz y sin titubeos (o no más de los imprescindibles frente a tamaña intrepidez). Más de un político debe haber tenido el siguiente pensamiento (o sensación): “cómo no nos animamos nosotros”. En este sentido sintomáticas han sido las declaraciones de Juan Grabois sobre el tema de la pauta publicitaria.
Dos, el gobierno (mejor, con más precisión el presidente) interpreta que sus votantes han votado una agenda de libertad (económica y política). Da la impresión de que el presidente cree (así parece manifestarlo) que con el DNU es recíproco con las expectativas que tenían sus votantes. Resta saber si ellos también lo ven así. El transcurso de los días pondrá este asunto en perspectiva, aunque desconocemos sus costos para las instituciones democráticas.
Tres, un astuto pensador liberal (Raymond Aron, de cuya incansable defensa por la democracia y la libertad no caben dudas) supo decir que en una democracia inevitablemente la institución presidencial condiciona al presidente de carne y hueso, pero el presidente también resulta capaz de darle una nueva impronta a la institución. Milei parece haber recogido la última parte: actúa (quizá está convencido también) como un líder fundacional. Referirse en la cadena nacional a los políticos profesionales como “casta” reconfirma sus intenciones de mostrarse, en tanto líder plebiscitario, como fundacional. Esto me da pie para terminar.
Cuatro, con el DNU (DNU-2023-70-APN-PTE) se abrió un nuevo canal potencialmente polarizador en la opinión pública. La discusión no pasa tanto por el DNU en sí mismo, puesto que anteriores presidentes (y sus partidos) lo han usado, sino que el centro de la discusión recae sobre la existencia o no de las condiciones excepcionales para gobernar por decreto. El gobierno dice que sí, mientras que una parte importante de la oposición sostiene que se está liquidando el sistema republicano y por ende resulta un golpe mortal a la democracia. El asunto es doble: forma y fondo. Este asunto remite a un viejo problema del funcionamiento democrático que puede expresarse de manera contemporánea del siguiente modo: la democracia es un régimen de gobierno con instituciones lentas para asegurar el Estado de Derecho, mientras que los gobiernos siempre están convencidos de las premuras. En esas condiciones los individuos más inclinados al realismo político se preguntan quién tiene esa prerrogativa, y su respuesta es el Poder Ejecutivo. Por otro lado, aquellos más alejados del realismo y el oportunismo político consideran que todo acción política que salga del causa lento y parsimonioso de las instituciones está violentando el espíritu republicano de la democracia. Lo cierto, y a lo que hay que prestar atención, es qué van a hacer legisladores y tribunales. Se abrió el juego político y allí los ciudadanos comenzarán a fijar posiciones políticas y normativas sobre la iniciativa gubernamental.
-¿Cómo se debería bajar la inflación?
Según un estudio promovido por una prestigiosa revista estadounidense a mediados de los años cincuenta del siglo pasado (y replicado en diferentes momentos y lugares) la discusión sobre la inflación y los aranceles resultan un parte aguas dentro de los economistas profesionales. Aclarado este punto, si estamos de acuerdo que la inflación es un problema monetario lo que resta por discutir son herramientas condicionadas por la situación económica, política y social. De este modo, si el presidente Milei ha convencido a sus votantes sobre la relación entre inflación y déficit-emisión monetaria, se puede razonar que los electores depositan su confianza en las capacidades que tenga el presidente para resolver el asunto en cuestión (lo que supone la elección de herramientas adecuadas). Por tanto, veremos si las herramientas que se están usando darán o no el resultado esperado.
-¿Cómo está impactando en la gente el ajuste y aumento de precios?
El aumento de precios es considerable y reducirá (complementándose con otras medidas) el ingreso disponible de las familias. El gobierno no lo niega y lo dice abiertamente. De este modo el impacto para la población recae en un campo de fuerzas encontradas y de distinta magnitud. La vivencia del ciudadano que le indica que va a poder comprar menos cosas que antes, se contrarresta con cierta esperanza (o expectativa) de que las cosas van a mejorar en un tiempo razonable. Así el impacto se reduce a la combinación de tres asuntos difíciles de evaluar: presente, futuro y paciencia.
-¿Qué prevé que sucederá si se sigue ajustando?
Si el gobierno sigue ajustando consumirá rápidamente parte de su capital político y se deslizará por un tobogán de pérdida de popularidad. Para evitar este asunto requiere que la disminución del gasto público se compense con inversión privada. Este asunto se comenzará a aclarar cuando veamos cómo concilia instrumentos de política económica concretos en materia de inversión y empleo con la filosofía liberal que parece orientar al gobierno. El reciente DNU parece despegar parte de esas incógnitas. Quizá el gobierno decida que la mejor política económica es la desregulación y la ampliación de la libertad de comercio e industria. Si así es, hay que estar atentos a las señales concretas que comiencen a dar los empresarios y emprendedores.
-¿Qué opina del protocolo anti-piquetes?
El presidente de la Corte Suprema entrevistado el lunes pasado por Pagni manifestó que el tema de los piquetes y marchas requiere razonabilidad por parte de los actores. En filosofía política y jurídica la razonabilidad suele ser usada como premisa, en la vida política concreta resulta, la mayoría de las veces, un bien escaso. Si nos atenemos a que el actual gobierno dice que tiene un mandato popular para asegurar el orden público no resulta extraño que tome la iniciativa política en un tema tan delicado como este. Lo que no quiere decir que todo resulte miel sobre hojuelas para el gobierno. Diversas organizaciones presentarán dentro y fuera del país recursos judiciales para defender lo que estiman un avasallamiento a sus derechos. Mientras tanto la lucha política en las calles puede balizarse, si el gobierno tiene iniciativa, mediante el grifo del presupuesto. Dependerá también de lo que hagan los gobernadores en esta materia. En fin, se abre un interregno incierto. Quiero terminar con lo siguiente: los anuncios que aparecieron el lunes y el martes en estaciones de trenes y autobuses sobre el tema en cuestión pueden evaluarse como una provocación, la leyenda sobre las denuncias habría sido suficiente. Veremos cómo evalúa la opinión pública lo que ha acontecido el miércoles. Estamos en presencia de un hecho (gobierno frente a los piquetes), pero un hecho que se está construyendo a través de la iniciativa política del gobierno. Sin embargo, y con esto termino, en términos políticos el protocolo anti-piquetes, que seguramente ha sido evaluado positivamente por el gobierno, resulta, si todo sigue igual, un desgaste enorme de energía gubernamental. Con el riesgo, a su vez, de que el gobierno quede encerrado en un laberinto de su propia manufactura.
-¿Era necesario un ajuste tan abrupto?
A todas las democracias le resulta difícil lidiar con el asunto de la justicia intertemporal. Especialmente, p.ej. en temas como el de medio ambiente, pero fundamentalmente en asuntos referidos a deuda pública y emisión monetaria. Lo que se conoce popularmente bajo el eslogan de que la “fiesta la pague otro”. Lo que Usted caracteriza como “ajuste abrupto” ya está descontado por la mayoría de los electores, incluso de los que no votaron por el actual presidente. La única duda que tenían era cómo los iba a afectar a ellos de manera personal. Ahora estamos en ese punto crucial.
