El bloque de legisladores del Frente de Todos afina su estrategia para avanzar en el juicio político contra la Corte Suprema. Restan detalles pero el oficialismo pretende ampliar el reclamo contra el máximo tribunal y sumar acusaciones de la oposición.
El proyecto que elaboró la coalición oficial finalmente llevará la firma de diputados y no aparecerá la rubrica de miembros del Poder Ejecutivo. “Lo van a presentar diputados del bloque que no forman parte de la comisión”, aseveró el diputado del FdT Rodolfo Tailhade.
“Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años. No hace falta que una vez que tengamos dictamen ir directo al recinto, nos da mucho mayor margen”, justificó el integrante de la Cámara baja. “Vamos a presentar el mismo proyecto de Alberto Fernández pero firmado por diputados”, agregó.
Y confirmó que el pedido al jefe de Estado estará basado en habilitar el juicio político en extraordinarias y que lo haga de manera particular. “El decreto tiene que habilitar el juicio político a la Corte y no el proyecto de Alberto Fernández de juicio político a la Corte”, precisó.
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Esto significa que se habilitaráne a tratar todos los pedidos de juicios políticos contra los ministros de la Corte que hay en la Comisión de Juicio Político y sumar los que ya presentó la oposición. De este modo, se podrá discutir el que presentó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, el de la diputada Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz por el 2×1 o el de la asociación de juristas contra Rosenkrantz.
La acusación que motoriza la alianza oficial se basa en dos grandes denuncias, que tienen como base común la supuesta intromisión de la Corte Suprema en asuntos que son competencia y facultad excluyente del Poder Legislativo.
Por un lado, la denuncia por haber favorecido de forma irregular al Gobierno porteño en el conflicto por la coparticipación de la masa de recursos federales, según se desprende de la lectura de chats entre Silvio Robles, vocero de la presidencia de la Corte, y el ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro. Allí acusan a los cuatro ministros de la Corte.
El otro eje de la acusación tiene que ver con la injerencia de la Corte en la elección de los miembros al Consejo de la Magistratura por el estamento legislativo, beneficiando a Juntos por el Cambio en perjuicio del Frente de Todos. En este caso la acusación es contra todos los jueces a excepción de Lorenzetti, quien no firmó el polémico fallo.