El juez Claudio Bonadio ordenó devolverle a la ex mandataria «las bandas y bastones presidenciales» de Cristina y Néstor Kirchne; los que fueron sustraidos en los allanamientos de sus domicilios en Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate.
La ex presidente y actual senadora por Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales la denuncia de que los mismo fueron sustraidos de su casa en La Patagonia. «La violación de los derechos y garantías sin límite» cuestionó.
Previamente, en el sitio personal de la ex mandataria se publicó una carta de uno de sus abogados, Carlos Beraldi, que plantea severos cuestionamientos a los operativos. Entre ellos, el letrado denuncia que se incautó material que no tiene nada que ver con la causa, que se filtraron irregularmente datos falsos a la prensa y que en el departamento de Juncal y Uruguay se detectó la presencia de material tóxico que afectó al personal de limpieza.
Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 28, 2018
A este respecto se detalla: “Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar”. «Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente», explica el texto del abogado. Por este motivo, la ex presidenta decidió no regresar al departamento «hasta tanto no se tenga una certera evaluación del lugar».
Beraldi, volvió a plantear sus críticas a la decisión del juez Claudio Bonadío de impedirle estar presente durante el allanamiento en Capital, pese a que fue él quien le abrió la puerta del departamento a las fuerzas de seguridad, y denunció que esto constituye una violación a disposiciones constitucionales, además de que no se ha preservando la cadena de custodia y no existen garantías de que no se hayan plantado «pruebas falsas”.
El texto también explica que el allanamiento en El Calafate “fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana”. Y añade: “Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”.
El abogado también denuncia que el material secuestrado durante los operativos “no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que, además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación”. Y concluye: “Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires”.
Por último, la carta pública de Beraldi afirma que hay una «actuación coordinada de distintas instancias judiciales» que queda de manifiesto en que el día viernes a la noche el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, «publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir que sería la cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa».
«Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados», concluye Beraldi.
