El juez Claudio Bonadio resolvió procesar a la senadora nacional Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su colaborador, Roberto Baratta, por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta en la causa en la que se investiga la presunta compra de buques de gas licuado.
Además, el magistrado estableció embargos millonarios a los acusados. Esta investigación, tal como se desprende de la resolución, da cuenta de que la ex mandataria junto a ex funcionarios del ministerio de Planificación y empresarios del sector energético «conformaron la estructura que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de gas natural licuado -GNL-, utilizándose, en una primera etapa que abarca el año 2008, inclusive, al día 12 de noviembre de 2012, a la empresa Energía Argentina SA (ENARSA) la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL».
Según el juez, luego de esa fecha y hasta diciembre de 2015, la maniobra delictiva se continuó «tercerizando el proceso en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- ,que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando».
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Luego, Bonadio sostuvo que los 24 los imputados «pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, no existiendo negociación alguna al respecto».
También se dio por corroborada la participación de «intermediarios y la selección de agencias marítimas también sin licitación, que facturaron a precios con variaciones injustificadas». Dichos componentes incidieron -según la resolución-, «en el precio finalmente abonado, que generó un perjuicio económico a las arcas del Estado, por un monto difícil de determinar, ya que ENARSA no realizó un adecuado control y seguimiento de la operatoria del PET».
Sobre la empresa ENARSA se explicó que, entre otras irregularidades, «no cumplió con los procedimientos de contratación con carácter previo a la firma de los contratos celebrados que garanticen la correcta adjudicación a los proveedores; informes de gestión presentados fuera de término ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios».
