En el marco de la causa «de los cuadernos», en la que se investigan presuntas coimas en la obra publica durante el kirchnerismo, el juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla «jefa» de una asociación ilícita.
Para el magistrado, hay pruebas suficientes para dar cuenta de la existencia de «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015».
El objetivo fue «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.
También fueron procesados Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, y empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
«Durante un lapso cercano a los ocho años ─cuanto menos─, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno», afirmó Bonadio.
