La Fiscalía denunció al Presidente brasileño Michel Temer por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo y con el aval de la Cámara Baja.
El primer análisis de la denuncia será hecho por el Juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso. El Fiscal General, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer «recibió ventajas ilícitas» del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.
El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen «serios indicios» de que el mandatario incurrió «con vigor» en prácticas corruptas.
En otro informe entregado ayer, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó «obstaculizar investigaciones» y «dejó de comunicar a las autoridades» sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.
Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante. En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley
Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.
Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.
