El intento de golpe de Estado en Brasil que encabezaron miles de partidarios de Jair Bolsonaro al tratar de tomar las principales sedes de las instituciones dejaron secuelas: se intervino la ciudad de Brasilia y el Ejército tendrá un rol activo.
Lula Da Silva actuó con celeridad el domingo por la noche: decretó la intervención federal de Brasilia con el objetivo de que actúen fuerzas de seguridad y militares hasta el próximo 31 de enero, mientras que garantizó que todos los responsables de lo que calificó como una «barbarie» contra la democracia, a los que llamó «fascistas», serán castigados.
La medida implica que las fuerzas federales «pueden actuar» para preservar la seguridad en Brasilia. «Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados», expresó.
Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.
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— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023
«Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron hoy a Brasilia, y todos pagarán con fuerza de ley», señaló el presidente. Mientras que el Tribunal Supremo de Brasil ordenó al Ejército desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” en un plazo de 24 horas
La orden judicial lleva la firma del juez Alexandre de Moraes, quién apuntó a los campamentos bolsonaristas como responsables en los ataques, que dejaron casi 300 detenidos, y pidió que la Policía detenga a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles”.
Moraes, entre sus argumentos, expresó que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”.
Además, el magistrado advirtió que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo.
