En la noche del lunes el oficialismo bonaerense y parte de la oposición aprobaron en la Legislatura provincial, en simultáneo en ambas Cámaras, el Presupuesto 2019 enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal, así como también un plan de endeudamiento para la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto establece 929 mil millones de pesos de gasto y se autorizó la toma de nueva deuda por 65.800 millones de pesos en los mercados, a lo que se sumarán otros 8.500 millones en organismos multilaterales de crédito.
Para aprobar el plan de endeudamiento hacían falta dos tercios de los votos y fue finalmente aprobado en la Cámara alta con el aval de 33 senadores y el rechazo por 13, mientras que el Presupuesto, que avanzaba con mayoría simple, obtuvo 29 votos positivos y 17 negativos. En Diputados el plan de gastos provincial se aprobó con un margen mucho más pequeño, con 45 votos a favor y 41 en contra y el endeudamiento logró 66 apoyos y 23 rechazos.
El ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, consideró luego de la aprobación del Presupuesto: “Asumimos con una provincia con los niveles de inversión en obra pública más bajos del país, teníamos impuestos récord y aún así había déficit. Tres años después vamos a terminar con este presupuesto que tiene la mitad del déficit, el doble de obra pública e impuestos más bajos. Con presión impositiva más baja, sobre todo en impuestos distorsivos”.
El plan de endeudamiento fue tratado en forma separada, para destrabar la aprobación del presupuesto, a solicitud del referente del Frente Renovador Sergio Massa, quien fue fundamental en las negociaciones para aprobar los proyectos. Así, el massismo pudo votar en contra del cálculo de gastos presentado por el oficialismo sin poner en riesgo la aprobación del Presupuesto, mientras que garantizó también el plan de toma de deuda votando a favor.
Según el senador massista José Luis Pallares, el acompañamiento al endeudamiento se justificó “porque nos hacemos responsables del destino de los bonaerenses”, mientras que su oposición al presupuesto se explica porque “sigue siendo de ajuste”. Los legisladores de Unidad Ciudadana se opusieron a ambas iniciativas tanto en el Senado como en Diputados, pero otros votos peronistas (como los del PJ Unidad y Renovación liderado por el intendente lómense Martín Insaurralde y la bancada del Frente Amplio Justicialista de José Ottavis) fueron fundamentales para la aprobación del endeudamiento.
La diputada Florencia Saintout se preguntó “cómo va a hacer el gobierno de la provincia para garantizar la compra de insumos que están dolarizados, cómo va a hacer para garantizar las clases”. En la Cámara alta, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana consideró: “Este presupuesto es de endeudamiento y ajuste, retira al Estado de lugares donde debería estar”. En cuanto al endeudamiento, el diputado kirchnerista Walter Abarca compartió su crítica en redes sociales: “Cuando asumió Vidal la deuda por cada bonaerense era un poco más de $5000, hoy supera los $30000. Vidal nos va a dejar una provincia en terapia intensiva y vamos a tener que rediscutir esta deuda y vamos a discutir la ilegitimidad de la deuda de la provincia de Buenos Aires”.
Finalmente, el proyecto de presupuesto retrocedió con el objetivo inicial de transferir a los municipios parte de los subsidios para transporte, electricidad y servicios locales del Ceamse, que previamente fueran transferidos a la provincia por Nación (con una carga de 14 mil millones de pesos).
Durante la sesión también se aprobó una nueva Ley Impositiva, que contempla un nuevo aumento de 38% para el impuesto inmobiliario (urbano y rural) y crea nuevos impuestos para el juego online (que hasta ahora no tributaba) y a los premios de las máquinas tragamonedas. En cambio, se descartó un nuevo aumento al impuesto a los Sellos.
Una parte fundamental de la negociación llevada adelante por Sergio Massa con el oficialismo provincial contemplaba la perspectiva de avanzar con el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. En este sentido, logró imponer la formación de una Comisión Especial Bicameral no vinculante para evaluar “la factibilidad de implementación del desdoblamiento de fecha en las elecciones municipales (intendentes y concejales)”.