El presupuesto de la provincia de Buenos Aires para 2018 se presentaría después de las elecciones de octubre, para que sea aprobado antes del 10 de diciembre. Si bien aún no hay información oficial respecto de los números más finos, se sabe que en líneas generales sigue las previsiones del presupuesto nacional. Más allá de que la provincia insiste en su reclamo judicial respecto del Fondo del Conurbano, no será tenido en cuenta para hacer los números del próximo año.
El equipo económico provincial, encabezado por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, viene trabajando para presentar ante la Legislatura bonaerense el proyecto de presupuesto 2018 después de las elecciones de octubre, con la intención de que pueda ser aprobado antes del próximo 10 de diciembre (el presupuesto 2017 fue convertido en ley apenas 48 horas antes de la Navidad del año pasado).
Lógicamente, el presupuesto provincial retoma los lineamientos y previsiones del nacional, anticipando un crecimiento en torno al 3,5%, una inflación del 10% y un dólar a poco más de 19 pesos. Sin embargo, es llamativa la decisión de no tomar en cuenta para los números provinciales el Fondo del Conurbano, respecto del cual se interpuso una demanda que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia para modificar el tope fijado en 1996 para los recursos que Nación destina a Buenos Aires, exigiendo un aumento a expensas del resto de las provincias. A pesar de que se considera que el reclamo cuenta con el aval del Ejecutivo nacional, se decidió no tomar en cuenta el millonario reclamo para planificar el 2018 y hacer previsiones sólo con el actual techo de 650 millones de pesos.
Durante 2017 el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia contó un presupuesto de 29 mil millones de pesos (42% se destinó a obras hidráulicas, 25% a vialidad y 33% a tendidos de gas y de luz, agua y cloacas, obras de arquitectura, etc.). Si se siguiera la pauta nacional también aquí, podría esperarse un aumento de 20% para obras de infraestructura, lo que llevaría las inversiones en el sector a más de 36 mil millones. Por otra parte, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), aportes que se acuerdan independientemente con cada uno de los 135 municipios bonaerenses, se suele negociar por fuera del presupuesto. En 2015 fue de 8550 y el próximo año podría superar los 10 mil.
Ante la posible asignación discresional del FIM a los distritos amigos, el bloque del FPV-PJ presentó un proyecto de ley para que este fondo sea creado por ley a partir de un financiamiento derivado del 5% de la recaudación Ingresos Brutos. Pero desde el Ministerio de Economía provincial cuestionaron la idea, explicando que Ingresos Brutos se utiliza para pagar salarios y no puede ser destinado a otros gastos. Desde la cartera de Lacunza también frenaron los pedidos de financiamiento a través de una mayor toma de deuda que realizan los intendentes afines: “Va a tener que estar atentos a ese tema. No se puede financiar todo con deuda, menos el FIM, además vamos a tener la ley de Responsabilidad Fiscal y ahí te vas a encontrar con que si financias déficit con deuda la Nación no te va a aprobar los endeudamientos”.
Por último, si la demanda respecto del Fondo del Conurbano prosperara en la Corte Suprema, el gobierno de María Eugenia Vidal ya tiene pensado a qué podrían destinarse esos más de 50 mil millones de pesos anuales. Según manifestó hace algunos días Lacunza, “si llegaran a eliminarse los topes del Fondo del Conurbano, se realizaría una serie obras que mejorarían la calidad de vida de los bonaerenses”. Según los cálculos del ministro, con esos fondos se podrían construir cinco hospitales nuevos, 186 escuelas primarias y secundarias, 200 mil trabajos de conexión de agua y cloacas, tres obras hidráulicas importantes y 1500 kilómetros de ruta.
