Como cada verano, los incendios rurales son un grave problema en el sur del país. Pero este año el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, cambió de ministerio y dejó de ser parte de Ambiente y Espacio Sustentable (la cartera del cuestionado rabino Sergio Bergman) para pasar al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Luego de la lluvia de críticas que recibió Bergman el año pasado por su manejo de la crisis provocada por los incendios en la Patagonia, la ministra Bullrich intentó dar señales de mayor actividad y compromiso en la lucha contra el fuego, pero lo hizo pasando por arriba las leyes nacionales de seguridad aeronáutica. La ministra decidió la contratación de ocho helicópteros de una empresa chilena para combatir el fuego, pero las aeronaves no cuentan con el permiso para operar de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El pasado 26 de diciembre la cartera presentó un pedido a la ANAC para que autorice la operación de los ocho Bell–Garlick UH-1H de Helicópteros del Pacífico con una “medida de excepción por 45 días” que permita “el ingreso y operación de dichas aeronaves hasta la regularización de su proceso administrativo”. Según se desprende de la nota firmada por el subsecretario de Operaciones de Protección Civil de la Nación Daniel Russo, los helicópteros fueron alquilados el 22 de diciembre del año pasado y comenzaron a operar antes de la autorización de la ANAC, mientras se encuentran “en proceso de validación del Certificado de Tipo Argentino” para estos modelos. La contratación directa realizada por el Ministerio de Seguridad también incluye el trabajo de dos pilotos y 17 brigadistas.
Las aeronaves deberían prestar servicios desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018, cuatro fueron asignados a la “Regional Patagonia”, con base en las localidades de Chapelco, El Bolsón, Bariloche y Trevelín, y los otros a la “Regional Pampeana”, pero con dos naves asentadas en Santa Rosa, otro en la localidad mendocina de Monte Comán y el último en el cuartel de bomberos de Costa del Este (provincia de Buenos Aires).
Según detalla Claudio Mardones en su investigación para el portal La Letra P, la nota N°128 de la ANAC, del 29 de marzo de 2017, señala que si bien el organismo de control “no debe intervenir necesariamente durante el procedimiento de contratación que oportunamente realice esa cartera ministerial, sí tiene la facultad para regular y controlar a los proveedores a los que oportunamente se les adjudique el servicio a licitar, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente”. El artículo 131 del Código Aeronáutico, por su parte, establece “una protección a favor de las personas y empresas argentinas para la realización del trabajo aéreo” y plantea la obligatoriedad de que otras empresas obtengan autorización previa de la autoridad aeronáutica y reúnan determinados requisitos para operar con matrícula argentina (ítem que las aeronaves chilenas no cumplen).
La ANAC sólo avala el uso de aeronaves extranjeras “excepcionalmente y cuando su actividad satisfaga una necesidad que no pueda ser atendida por empresas argentinas”, por lo cual también le acercó en su momento a la cartera de Bergman “un listado elaborado por el Departamento de Explotadores Aéreos de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional, de las personas y empresas argentinas certificadas para realizar trabajo aéreo en las especialidades relacionadas con el combate contra incendios, a fin de que sean oportunamente convocadas a futuros procedimientos de contratación”.
