Es frecuente que por cuestiones patrimoniales, de paisaje o de impacto ambiental, algún vecino u organización no gubernamental, recurran a la justicia para solicitar un amparo por alguna obra, ante esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lejos del dialogo que promociona, los demanda.
El diario La Nación reveló que se avanza la causa contra los amparistas que objetaron trabajos en la plaza Intendente Alvear. Se trata de la paisajista Sonia Berjman, la ONG Basta de Demoler y su ex vicepresidente Santiago Pusso, quienes en 2012 advirtieron que en la plaza Intendente Alvear, de Recoleta (Libertador y Puyrredón), se construía una estación de subte, solicitaron un amparo, que concluyó con la relocalizsció de la estación de subte en la plaza República Federativa de Brasil, pegada a la Facultad de Derecho. Ahora, la Ciudad los demanda por 24 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios
Los demandados argumentaron mediante sus abogados que «no se puede demandar a una persona por ejercer un derecho ciudadano», pero el planteo fue rechazado.
“La demanda busca desincentivar las denuncias contra la Ciudad», declaró a La Nación Germán Emanuele, de Poder Ciudadano. Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eduardo Reese alertó que la conducta del gobierno es «amenazante y antidemocrática». Finalmente, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay: mencionó que “no se registran antecedentes de una embestida así contra un ciudadano y que existe un doble discurso: mientras en las palabras la Ciudad alienta la participación ciudadana, en la práctica la combate”.
