El bloque de legisladores porteños que responde a Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político al juez Roberto Gallardo, a cargo de la investigación del operativo que instrumentó la policía porteña en el domicilio de Cristina Kirchner el 27 de agosto, día en el que se desató una represión contra militantes.
Para la Coalición Cívica, el magistrado no actuó de manera correcta al levantar las vallas colocadas sobre la calle Juncal, ordenando al Jefe de Gobierno que retire la custodia de la Vicepresidenta y estableciendo que las fuerzas federales sean las encargados de la custodia.
Estos actos, según el reclamo de la CC que ingresó en las últimas horas a Perú 160, “demuestran desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones” explicaron los diputados “avasallando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
“La figura del mal desempeño adquiere su real dimensión cuando la conducta del juez cuestionado resulta violatoria de uno de los deberes fundamentales de la magistratura, que es el de su imparcialidad”, expresaron. Y añadieron: “El deber de imparcialidad del juez es un imperativo ético y legal. Al respecto, el estatuto universal del Juez señala que «El juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas…». Resulta evidente que el magistrado cuyo juicio político aquí solicitamos, se apartó de tal mandato”.
La Legisladora Cecilia Ferrero sostuvo que: “El Juez Roberto Gallardo direccionó y manipuló la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención y ello configura suficiente causal de mal desempeño para para instar el procedimiento y remoción de su cargo”. Hernán Reyes agregó: “Gallardo actuó fuera del derecho, a favor de un partido político y en contra de los vecinos y la autonomía de la ciudad».
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Mientras que Facundo del Gaiso, titular del espacio de diputados, comentó que “Gallardo dejó en estado de indefensión a los vecinos de la ciudad, sin seguridad. Lamentable su accionar en pos de un grupo político. Eso demuestra que el juez Gallardo es un juez partidario”, finalizó.
Paralelamente, el magistrado se dedicó a contestarle al Ejecutivo, que lo quiere fuera de la causa. «No comparto ninguno de los extremos planteados” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, “por ser improcedentes y carentes de sustento fáctico” y jurídico, “no deberían prosperar”, sostuvo el juez en su informe a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que deberá resolver el pedido de apartamiento formulado desde el Gobierno porteño.
En su solicitud, el GCBA había expuesto que el magistrado ordenó una serie de medidas judiciales sin que se lo pidieran las partes y que, “como acostumbra suceder en las causas que tramitan en ese Tribunal”, Gallardo “ha decidido suplir la actividad de las partes, confundiendo su rol de director del proceso”.
