Apenas 48 después de que el vicejefe de Gabinete Mario Quintana anunciara en una entrevista que está dispuesto a vender sus acciones en la cadena Farmacity, la Procuración General de la Nación avaló con un dictamen no vinculante la instalación de la cadena farmacéutia en la provincia de Buenos Aires, un desembargo resistido por el gremio desde hace años.
Eduardo Casal, procurador interino que reemplazó a Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el artículo de la Ley de Farmacias vigente en provincia es inconstitucional, por lo que se abre la posibilidad tan reclamada por Farmacity de operar allí. El dictamen de Casal contradice jurisprudencia vigente desde hace décadas en todas las instancias judiciales, incluida la Suprema Corte bonaerense. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver si falla en el mismo sentido que Casal, con lo que se abriría la posibilidad de concretar un negocio millonario para la cadena de Farmacias, llegando a una población de varios millones de habitantes, lo que multiplicaría el valor de sus acciones.
Aunque el Vicejefe de Gabinete anunció que vendería sus acciones, acción a la que se vino resistiendo durante dos años y medio de gobierno de Cambiemos a pesar de las numerosas denuncias en su contra por conflicto de intereses, todavía no dio fecha ni aclaró cuáles serán los pasos para concretar el proceso.
En su momento los dos nuevos integrantes de la SCJN, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se habían excusado de intervenir en la causa por sus vínculos con la empresa ya que Rosenkrantz trabajó directamente para Quintana y Rosatti tuvo como asesora durante su gestión como ministro de Justicia a la que hoy es abogada de la cadena de farmacias. Por esto, el fallo definitivo quedará en manos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Helena Higton de Nolasco.
En febrero Farmacity también logró el aval de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que descartó las objeciones de las principales cámaras farmacéuticas del país, por lo que podría expandirse más allá del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, que fue su base de consolidación y crecimiento en los últimos años. La CNDC reactivó llamativamente un expediente dormido durante años y le dio la razón a la cadena farmacéutica de Quintana, cerrando la instrucción del sumario e imputando a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA).
El dictamen de Casal a favor de Quintana se alinea con toda una serie de decisiones favorables al Gobierno que viene tomando la Procuraduría General en las últimas semanas (incluyendo la remoción del fiscal actuante en el caso del Correo). El interinato de Casal parece apuntar a despejar todas las causas polémicas hoy pendientes en el organismo para que la nueva procuradora propuesta por el presidente Macri, la jueza Inés Weinberg de Roca, no deba pagar el costo político de intervenir en esas causas a poco de asumir.
