El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y tras firmar el dictamen a favor de las clases presenciales en la Ciudad, resolución en la que recomienda a los fiscales acatar las medidas dispuestas por DNU por el gobierno nacional para combatir el coronavirus, en especial “evitar reuniones en espacios cerrados”.
En la resolución se establece que “en atención a que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional implican mayores restricciones en la movilidad de la ciudadanía, sobre todo en grandes conglomerados urbanos, es preciso sugerir a los titulares de las dependencias, que al momento de establecer los sistemas de trabajo contemplen las medidas de prevención establecidas”.
También se señala, entre otras recomendaciones, que “específicamente, deben respetarse las siguientes recomendaciones: (…) Evitar reuniones en espacios cerrados”. Por otro lado, se menciona que la Procuración siempre se pronunció “en cuanto a la preferente atención que se debe prestar al trabajo remoto y a las demás medidas que contribuyan a la reducción de circulación en aquellos lugares donde rige el distanciamiento o aislamiento, disminuyendo así los riesgos de contagio tanto para nuestro personal como para la comunidad en general”.
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“Cabe consignar que la Corte mantuvo lo dispuesto en la Acordada 25/20 en lo que respecta a la utilización y empleo prioritario de herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de la atención al público y la observancia por parte del personal judicial de las medidas de prevención, higiene y movilidad emanadas de las autoridades competentes”, añadió la Procuración.
Vale recordar que fue el pasado 29 de abril cuando Casal presentó un dictamen no vinculante ante la Corte Suprema donde señaló la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En línea con lo que plantea la gestión de la Ciudad, el procurador señaló en su escrito ante el máximo tribunal que el DNU presidencial no cuenta con los fundamentos para avanzar en un tema como la educación, donde la Ciudad cuenta con la autonomía suficiente para decidir.
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