Este martes quedaron en evidencia nuevas tensiones en la alianza gobernante, cuando desde la Coalición Cívica ARI hicieron público un escrito cuestionando la estrategia del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano en la investigación del posible encubrimiento del atentado contra la AMIA. La semana pasada los abogados de la Unidad AMIA, dependiente de Garavano, recibieron la orden de desistir de la acusación contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por no haber seguido la llamada “pista siria” en la investigación el atentado contra la mutual judía, lo que fue interpretado por el partido de Elisa Carrió como “amiguismo, nepotismo y encubrimiento judicial”.
Ya el año pasado había renunciado parte del equipo de la unidad especial de abogados asignados a la investigación AMIA en desacuerdo con el cambio de estrategia legal impulsado por Garavano. Este miércoles se hizo pública la renuncia de la abogada Mariana Stilman, parte del equipo legal de Carrió, quien días atrás había en claro desde su cuenta de Twitter que la posición planteada por el abogado José Console en nombre de la Unidad AMIA sobre los ex fiscales Mullen y Barbaccia (considerando que “no hay elementos para pensar que hubieran cometido delitos”) no representaba al conjunto de los integrantes. Desde la Coalición Cívica ARI denunciaron Stilman recibió presiones para renunciar y denunciaron: “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”. El escrito fue presentado durante la tarde de este martes ante el Ministerio de Justicia.
En diciembre pasado abogados de la Unidad Fiscal del Investigación del atentado a la AMIA (dependiente del Ministerio Público Fiscal) habían pedido 8 años de prisión para los ex fiscales por abandonar deliberadamente la investigación sobre el rol del ciudadano origen sirio Alberto Kanoore Edul, vinculado a la familia del entonces presidente Carlos Menem, en el atentado contra la AMIA de 1994. Desde la Coalición Cívica se consideró que la sorpresiva decisión estatal de no continuar avanzando contra Mullen y Barbaccia a pesar de las “numerosas pruebas que los implicaban en casi todas las acusaciones” se agrava en el marco de “los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano”.
Por último, el texto presentado aclara que ya la msima Carrió había aclarado que la modificación de la línea acusatoria por parte del Estado podía ser considerada como “encubrimiento”. Por esta situación la referente de la Coalición Cívica presentó un informe el año pasado ante la Oficina Anticorrupción el año pasado y cortó el diálogo con el ministro de Justicia. El escrito añade: “Ni Elisa Carrió ni la CC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado de la AMIA”. El escrito presentado ayer por el partido de Carrió concluye exigiendo a Garavano “explicaciones sobre su intempestiva decisión”.
Actualmente el juicio acerca del posible rol del Estado en el encubrimiento se encuentra a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel ). Entre los acusados de desviar intencionalmente la investigación del acto terrorista se encuentran el ex presidente y actual senador Carlos Menem, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el entonces director de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros. La causa se inició en agosto de 2015 y se espera que pueda arribarse a un fallo a mediados de este año.
