El Gobierno nacional desistió de la acusación contra los ex fiscales Mullen y Barbaccia por encubrimiento en el caso Amia, cuando en diciembre se habían solicitado 8 años de prisión para ambos por no haber seguido la llamada “pista siria” en la investigación el atentado contra la mutual judía.
Durante el último tramo del juicio por encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 los abogados que representan al Estado decidieron modificar su alegato final y no solicitaron condenas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de abandonar deliberadamente la investigación sobre el rol del ciudadano origen sirio Alberto Kanoore Edul, vinculado a la familia del entonces presidente Carlos Menem.
A pesar de que en diciembre la Unidad Fiscal del Investigación del atentado a la AMIA (que depende del Ministerio Público Fiscal) había pedido 8 años de prisión para los ex funcionarios, ahora José Console en nombre de los abogados de la Unidad AMIA, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Germán Garavano, consideró que “no hay elementos para pensar que hubieran cometido delitos” y confirmó que el Estado desistía de la acusación contra los ex funcionarios.
El cambio de rumbo de los representantes del estado generó inmediata polémica entre agrupaciones y familiares de las víctimas del atentado. Memoria Activa denunció que el secretario de Justicia Santiago Otamendi le ordenó al titular de la Unidad de Investigación AMIA Mario Cimadevilla que revocara el poder del abogado Enrique Ventos, quien iba a encabezar el alegato luego de la feria judicial y tenía planeado sostener el pedido de condenas contra los fiscales. La ex abogada querellante Mariana Stilman también abonó la hipótesis de las presiones oficiales desde su cuenta de Twitter, afirmando que “es mentira que las conclusiones que dice haber presentado Console son las conclusiones de la mayoría del equipo”.
En el mismo sentido, desde Memoria Activa agregaron en un texto difundido a través de las redes sociales: “Hace rato que nos quedó claro que los intereses del gobierno nada tienen que ver con la verdad y la justicia. El alegato que Garavano quiere que presenten NO es el acordado por la mayoría de los abogados de la querella”.
Actualmente el juicio acerca del posible rol del Estado en el encubrimiento se encuentra a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel ). Entre los acusados de desviar intencionalmente la investigación del acto terrorista se encuentran el ex presidente y actual senador Carlos Menem, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el entonces director de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros. La causa se inició en agosto de 2015 y se espera que pueda arribarse a un fallo a mediados de este año.
