Mientras el ex presidente Amado Boudou continúa detenido en los tribunales de Comodoro Py, esperando que el juez Ariel Lijo le tome declaración indagatoria por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y por encabezar una asociación ilícita, se multiplican los cuestionamientos contra el magistrado, que hace pocos días fue denunciado por tener cajoneadas en su juzgado más de 28 denuncias por corrupción contra funcionarios.
La detención de Boudou sin haberlo citado siquiera a una indagatoria y cuando el ex funcionario estaba a derecho en todas las instancias judiciales viene provocando múltiples cuestionamientos al proceder de Lijo. El juez Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, consideró que la medida forma parte de “una serie de shows judiciales y procedimientos de tipo mafioso” que marcan que en nuestro país “se va cayendo a pedazos el Estado de derecho”.
El magistrado cuestionó el argumento del eventual “entorpecimiento de la investigación” que se utilizó para efectivizar la prisión preventiva de Boudou, de Julio De Vido y, hace ya más de un año, de la dirigente jujeña Milagro Sala: “Se dictan prisiones preventivas con el pretexto de que pueden perjudicar el avance de la investigación, cuando los hechos que se denuncian son de prueba documental”. Para Zaffaroni se está viviendo un grave momento de “retroceso institucional” que puede “lesionar nuestra cultura jurídica” afectando “el pluralismo ideológico y de concepciones para interpretar el derecho”. “Si hay una persecución ideológica, la imparcialidad institucional que garantiza el pluralismo se termina”, definió Zaffaroni, que también denunció presiones sobre “jueces díscolos”.
El juez Lijo, titular del Juzgado Federal 4 y designado en 2004, había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura hace algo más de un mes, por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia por “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. La denuncia se realizó sobre un detallado análisis de la información brindada una histórica auditoría a los juzgados federales sobre casos de este tipo en los últimos 20 años. El primer análisis contabilizó 5000 procesos concluidos y 2000 en ejecución, con 720 causas que imputan a funcionarios públicos en Comodoro Py aún en la inicial etapa de instrucción.
La denuncia marcaba, precisamente, que en muchas causas ni siquiera se había cumplido con uno de los pasos iniciales que es el de la citación a prestar declaración indagatoria. En el caso del juzgado de Lijo se denunció la existencia de 28 causas en esta situación. “Los imputados debieron ser citados a prestar declaración o bien debieron ser desvinculados del proceso. La permanencia de la causa «en trámite», sin ningún movimiento registrado, autoriza a recabar una investigación más exhaustiva sobre las verdaderas razones de semejante pasividad”, detalla la denuncia.
Entre los imputados en las causas “cajoneadas” por Lijo se cuentan algunos ex kirchneristas hoy cercanos al gobierno como el ex titular del Anses Diego Bossio o el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y algunos otros directamente vinculados a funcionarios actuales, tales como Matteo Goretti, cercano Gabriela Michetti, imputado septiembre de 2015 en una causa conexa a la que investigó el origen del dinero robado a la vicepresidenta. También tramitan en el juzgado de Lijo una denuncia contra Mauricio Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat-Gay por la firma del cuestionado decreto que extiende los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos y la causa que acusa al Presidente por la irregular condonación de deuda del Correo Argentino, en manos de la empresa de su familia. También sigue en el jugado 4 una causa contra el asesor ecuatoriano de Cambiemos, Jaime Durán Barba, acusado de motorizar una “campaña sucia” contra Daniel Filmus.
Luego de conocerse la orden de detención contra Boudou, uno de los denunciantes por el cajoneo de las causas, Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la CABA , se manifestó sorprendido por la decisión y consideró que la medida fue tomada “demasiado tarde”: “¿Qué estuvo haciendo Lijo todos estos años? Esto sale justo ahora que lo denunciaron a él por cajonear causas. Cuantas veces nos preguntamos que pasa con Boudou que tenía cajoneadas varias causas, y creo que una por las cuales lo denuncian a Lijo es esta”. “Hay cosas que se notan. Me da la impresión que en vez de justicia se hace política”, concluyó.
