Amérigo Incalcaterra, jefe regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUDH) reclamó al gobierno argentino que profundice la investigación sobre la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado, desaparecido hace ya más de dos meses luego de una violenta intervención de la fuerza de seguridad en la comunidad mapuche de Chushamen.
Incalcaterra manifestó a través de un comunicado su “preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de Maldonado” y consideró “prioritario esclarecer las posibles responsabilidades de la Gendarmería Nacional Argentina en los hechos”. En caso de que se confirmara su participación en la desaparición forzada del joven artesano, planteó la necesidad de “establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”.
“Insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Maldonado», señaló el funcionario y remarcó que «es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”, disparó.
El comunicado de ACNUD recuerda también que “el pasado 7 de agosto el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado adoptar todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos de la víctima».
La creciente presión internacional sobre el Gobierno argentino por el esclarecimiento definitivo de la causa se produce en un contexto difícil en el que si bien por un lado se logró el reemplazo del juez Guido Otranto, que defendió hasta último momento la línea oficial de desresponsabilización de Gendarmería, por otro se frenó la iniciativa de conformar una comisión investigadora independiente, tal como exigían la familia Maldonado y diversos organismos de derechos humanos. Hace algunos días el ministro de Justicia Germán Garavano se había comprometido a avanzar en este reclamo, pero la iniciativa se vio frenada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, que si bien es subordinado de Garavano cuenta con el apoyo directo del jefe de Gabinete Marcos Peña, que vetó la creación de un organismo independiente que pudiera aportar más elementos que confirmen la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición forzada y los múltiples intentos de desviar la investigación y encubrir a los responsables del Ministerio de Seguridad y otros organismos estatales.
