El juez Canicoba Corral le remitió a la Cancillería un escrito por el cual solicita que se realicen allanamientos en la empresa Albertis de España en el marco de la causa peajes, que investiga una posible «defraudación» al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública durante la presidencia de Mauricio Macri.
El magistrado desea secuestrar contratos, precontratos, mails y todo lo relacionado con los peajes argentinos para su investigación. El ex presidente está involucrado en este expediente porque Alberti conformó una sociedad con el Grupo Macri para administrar peajes y, bajo su mandato, se prorrogaron los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.
En su defensa, Macri señaló que no tuvo injerencia alguna en estas negociaciones, ni como funcionario ni como integrante del Grupo Macri. No solo el ex mandatario está involucrado: también se intenta averiguar el rol que tuvieron el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exjefe de la cartera de Hacienda Nicolás Dujovne.
La causa comenzó a mediados del año pasado, pero en el transcurso de los meses fue sumando importantes denuncias, incluyendo las del ex procurador Carlos Balbín, la extitular de Asuntos Jurídicos de Vialidad Julieta Ripoli y el extitular del extinto Órgano de Control de Conseciones Viales (OCCOVI) Rafael Gentili.
https://informepolitico.com.ar/denunciaron-a-canicoba-corral-por-presuntas-incompatibilidades-entre-sus-ingresos-y-su-nivel-de-vida/
A pesar de que el ex presidente Macri figura sólo como accionista y no como miembro del directorio de Ausol, se investiga además la tenencia de acciones del grupo y su venta a mediados del 2017, cuando habían multiplicado su valor en un 400% gracias a las políticas de beneficio por parte del Estado. Como otro elemento sospechoso, se cuenta la recomendación de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso de que no firmara el decreto que habilitó la renegociación de la concesión de los peajes, que terminó siendo rubricado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, lo que probaría que el mandatario tenía intereses personales en la operación.
