En el marco de la causa conocida como «cuadernos», que indaga sobre presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió de pedir la prisión preventiva para el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, los empresarios Alberto Padoan, Rubén Aranda y para el ex jefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina y su ex secretario, Hugo Larraburu.
Moldes argumentó en su dictamen que «no hay riesgos procesados que conminar con una detención preventiva de los cinco nombrados, por cuanto los antecedentes de su participación y sujeción al proceso no permiten inferir que en un futuro no se someterán a las obligaciones del mismo o las impuestas por el juez de la causa. En definitiva, sus características personales y su aportación al progreso del legajo destierran la idea de que existen los riesgos».
«Ríos de tinta han corrido para analizar, doctrinal y jurisprudencialmente, los antecedentes y pilares de la prisión preventiva. Una tendencia doctrinaria con algún eco jurisprudencial los ha limitado a la comprobación de, si estando en libertad los imputados, se podría ver entorpecido el avance de la investigación o el éxito del decurso de la instrucción –por una parte- o si existe una fundada presunción de que se fugaran en tanto dure este proceso –por la otra-«, añadió.
No obstante, sí respaldó la apelación de los fiscales que pidieron a la Cámara confirmar el procesamiento de los acusados como miembros de asociación ilícita y agravar el delito de dádiva a cohecho.
«Resulta impensable sostener que se trate de una mera dación de un dinero con el fin de congraciar al funcionario simplemente por su condición de tal por parte del empresario no para que haga o deje de hacer algo, sino como una suerte de halado u homenaje, de ganas de quedar bien con él o una simple aceptación de dádiva, cuando los pagos dinerarios eran sistemáticos y por altas sumas y su objeto fue obtener del funcionario corrupto beneficios explícitos que podemos sintetizar en concesión y/o prórrogas de las obras públicas cuando no la liberación de pagos retenidos con fines extorsivos», escribió.
«A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones, parece absurdo suponer a los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno en los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública- que los mismos simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios», aseguró.
