En el marco de la investigación sobre irregularidades en la licitación de peajes durante el gobierno de Cambiemos, el juez Rodolfo Canicoba Corral confirmó este lunes el procesamiento de los ex funcionarios macristas Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y les trabó un embargo de 500 millones de pesos.
Iguacel, que fuera titular de Vialidad, y Saravia Frías, ex Procurador General de la Nación, habían sido indagados a fines de la semana pasada por el magistrado en la causa que investiga irregularidades en la concesión de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. El ex ministro de Transportes Guillermo Dietrich está citado para declarar este viernes y el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne el próximo lunes.
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La investigación se inició con una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, investiga la prórroga irregular por diez años de las licitaciones, sin llamar a nuevas convocatorias como establecía la ley; el pago estatal de 500 millones de dólares a las empresas por supuestas inversiones no amortizadas y la venta en 2017 de las acciones que Mauricio Macri mantenía en la concesionaria Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro (Natal Inversiones S.A). Macri mantuvo su participación accionaria en la empresa hasta avanzada su presidencia, vendiendo su paquete con una valorización del 400% luego de haber concedido desde el Poder Ejecutivo numerosos beneficios a las operadoras de peajes.
Saravia Frías es un ex abogado de la familia Macri que pasó a desempeñarse como Procurador General de la Nación después de que el gobierno de Cambiemos desplazara a Carlos Balbín, quien había dictaminado a favor de los intereses del Estado Argentino ante el reclamo presentado por Ausol y GCO por supuestos incumplimientos contractuales, reclamo que el procurador consideró sin sustento. Pero en la gestión de Saravia Frías se llegó a un acuerdo extrajudicial con las empresas, sin realizar ninguna audiencia, por las que el Estado argentino les pagó 499 millones de dolares.
