La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Py, en la octava citación para prestar declaración indagatoria en las distintas causas en las que se la ha involucrado. Esta vez fue ante el juez federal Sebastián Casanello por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que tiene a Lázaro Báez como principal imputado. Esta instancia judicial se suma al procesamiento ordenado ayer por el juez Claudio Bonadío, que la considera como jefa de una “asociación ilícita”.
La citación responde en esta ocasión a datos derivados de la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña. La indagatoria fue ordenada el mes pasado por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes consideraron que puede haber vínculos entre el dinero de Báez con Cristina Kirchner. Como en otras ocasiones, la ex presidenta no declaró y presentó un escrito de descargo rechazando las acusaciones.
En el texto reiteró lo planteado también en las causas que lleva el juez Claudio Bonadío acerca de la “persecución política” y se burló de los operativos de excavación en una de las fincas de Báez llevados adelante por el Ministerio de Seguridad. En este sentido planteó: “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”.
En cuanto a la maniobra de lavado de dinero por la que se la acusa, afirmó: :”No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”. Y añadió: “Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes”.
Después de afirmar que siempre ha manejado su patrimonio “de manera transparente”, acusó a “los ‘no jueces’ que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliares que no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios”. Y añadió: “Es más, se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado”.
El texto presentado, concluye comparando su situación judicial con la del ex presidente brasileño Luis Inacio “Lula” Da Silva, quien ha sido impedido por la Justicia de su país de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de octubre, pese a que era el favorito en todas las encuestas.
