La senadora electa y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribo minutos antes de las diez de la mañana a los Tribunales para cumplir con la citación del juez Claudio Bonadío para prestar declaración indagatoria acerca de la denuncia impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, que la responsabiliza por presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la AMIA.
La indagatoria a la ex presidenta forma parte de una serie de más de 20 convocatorias a declarar a ex funcionarios del kirchnerismo en relación con el Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, para conseguir que declaren algunos sospechosos iraníes por el atentado a la mutual judía del año 1994. Las acusaciones se basan en la denuncia presentada por el fiscal Nisman, días antes de su muerte, en la que responsabilizaba al memorándum por garantizar la impunidad de los presuntos responsables del acto terrorista. En enero de 2015 Nisman acusó a la entonces Presidenta y a su canciller Héctor Timerman de poner en marcha “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes pedidos captura internacional.
La ex presidenta se negó a responder preguntas a la guardia periodística que la esperaba a la salida de su casa en Recoleta y al llegar a Tribunales. Esta vez la declaración no fue acompañada por un despliegue de apoyo militante, como en algunas ocasiones anteriores. Se sabe Cristina insistirá con el argumento que viene sosteniendo en declaraciones previas, en línea con lo planteado por el ex canciller Héctor Timerman días atrás, respecto de la inexistencia de delito por la firma del acuerdo con Irán y de su validez como herramienta para intentar que progrese una causa como la de la investigación por el atentado a la AMIA, paralizada durante años. En la causa ya declararon también Luis D’Elía, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.
En una conferencia de prensa previa, la ex presidenta manifestó: “Hacemos responsable a Bonadio de ser el servidor de los intereses políticos de Macri. Actúa como una correa de transmisión de las obsesiones del Presidente contra la oposición y contra mi persona. Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política y degradación de nuestra democracia, de un uso partidario y obsceno, inconstitucional, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo”.
