Chile fue el país de América Latina que en 2021 concentró el mayor nivel de patrimonio entre los ultrarricos en relación al tamaño de su economía. El calculo lo hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), utilizando datos de la revista Forbes. Es uno de los mayores desafíos para el futuro presidente Gabriel Boric, que asume el 11 de marzo en reemplazo de Sebastián Piñera, precisamente uno de los mencionados en la lista.
El patrimonio conjunto de los chilenos más ricos fue equivalente a un 16,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Estos cálculos solo consideran a los llamados “milmillonarios”, es decir, aquellas personas que tienen un patrimonio de al menos US$1.000 millones.
A nivel global hay 2.755 personas que pertenecen a esa categoría, en un listado liderado por Jeff Bezos (con US$177.000 millones), seguido de Elon Musk y Bernard Arnault.
A pocas semanas de dejar el cargo en Chile, Sebastián Piñera convocó a una millonaria licitación
En América Latina existen 104 ultrarricos de los cuales nueve son chilenos, con un patrimonio de estos últimos que a fines de 2021 estaba compuesto, según la revista Forbes, de la siguiente manera:
- Iris Fontbona y familia Luksic: US$23.300 millones
- Julio Ponce Lerou: US$4.100 millones
- Horst Paulmann y familia: US$3.300 millones
- Sebastián Piñera y familia: US$2.900 millones
- Jean Salata*: US$2.400 millones
- Roberto Angelini: US$2.000 millones
- Alvaro Saeih: US$1.800 millones
- Patricia Angelini: US$1.600 millones
- Luis Enrique Yarur: US$1.300 millones
(*Vive y trabaja en Hong Kong desde 1989)
En qué sectores está el patrimonio del club de los más ricos
Según la lista Forbes de los milmillonarios de Chile, las fortunas de estos están concentradas principalmente en los sectores de las finanzas, minería, forestal y retail.
- Finanzas: Sebastián Piñera, Alvaro Saieh, Luis Enrique Yarur
- Minería: Iris Fontbona y Julio Ponce Lerou
- Minería y forestal: Roberto Angelini, Patricia Angelini
- Retail: Horst Paulmann
La concentración del patrimonio en estas familias es un reflejo de la desigualdad que existe en la sociedad chilena. Un fenómeno estructural que se ha cristalizado con el tiempo y que, comparado con otros países de América Latina, evidencian la situación de una manera muy contundente.
Según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país, mientras que en Brasil controla el 48,9%, en México el 46,9% y en Estados Unidos el 34,9%.
La concentración de la riqueza
El origen de la brecha social se ubica en los tiempos de las colonias, en los que la mayor parte de las tierras fueron repartidas entre los españoles y sus descendientes. Fenómeno extendido en la mayoría del continente.
Desde aquella desigualdad agraria, la concentración de la riqueza fue expandiéndose a otros sectores económicos de explotación de recursos naturales como, por ejemplo, la minería, que ha convertido a Chile en el mayor exportador de cobre del mundo.
Esa brecha social se expandió en las décadas de los 70 y los 80 durante el régimen de Augusto Pinochet con la creación de un modelo económico con poca regulación que permitió el surgimiento de grandes fortunas familiares. Chile fue, tras el Golpe de Estado de 1973 que derrocó a Salvador Allende, el gran laboratorio de las reformas neoliberales encabezada por la llamada Escuela de Chicago.
La brecha aumentó con Pinochet a través de mecanismos como “a privatización de las empresas públicas, que pasan a ser propiedad de un número pequeño de grupos económicos, la supresión y represión de los sindicatos, y la conversión del estado benefactor en uno de carácter residual, entre otras medidas.
Julio Ponce Lerou, uno de los integrantes del grupo de los ultrarricos, es el exyerno de Pinochet que se convirtió en el mayor accionista de la empresa SQM (Soquimich), una de las mayores productoras de fertilizantes, yodo y litio a nivel global, tras la privatización de la firma.
Con el retorno de la democracia en 1990, la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron en el país, aunque la riqueza permaneció concentrada en la punta de la pirámide, lo que fue una de las principales demandas durante el estallido social que comenzó en el país en octubre de 2019. El lema de las protestas fue «no son 30 pesos, son los 30 años». Se hacía referencia a las tres décadas del retorno de la institucionalidad, más que al precio del transporte.
El tema de la extrema desigualdad fue uno de los ejes fundamentales del debate de la campaña electoral de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Gabriel Boric en diciembre de 2021, por sobre el derechista José Antonio Kast.
El impuesto a los superricos
El 11 de marzo Boric se convertirá en el nuevo presidente de Chile con un ambicioso programa de gobierno que incluye medidas como poner fin al actual sistema de pensiones, transformar el sistema de salud y aumentar los impuestos con la idea de crear un Estado de bienestar.
Esa agenda “transformadora”, que va a requerir una mayor recaudación fiscal, enfrentará una serie de obstáculos como, por ejemplo, la falta de una mayoría en el Congreso, un presupuesto limitado y un bajo crecimiento económico proyectado para 2022.
Para financiar sus planes Boric, propuso una reforma tributaria “con gradualidad y responsabilidad fiscal” que aspira a recaudar un 5% del PIB durante su mandato.
La reforma considera cambios en el impuesto a la renta para las grandes empresas, reducción de exenciones, impuestos verdes, royalties a las grandes mineras, medidas contra la evasión y la elusión, y un impuesto a la riqueza.
Éste último, conocido como el “impuesto a los superricos”, afectaría a alrededor del 0,1% de la población. Como era de esperar, la propuesta de reforma tributaria ha sido blanco de duras críticas.
Quienes se oponen a la idea aseguran que no ha servido para recaudar cantidades significativas de recursos en otras partes del mundo. “El caso más famoso es el de Francia, donde los millonarios se fueron a vivir a Bélgica. Después se eliminó porque resultó ser inútil”, dijo el economista Bernardo Fontaine.
En muchos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “se ha ido retirando”, aseguró Fontaine.
Otro de los argumentos más citados contra la iniciativa es que desincentivará la inversión y, por lo tanto, perjudicará el crecimiento económico.
En la mayoría de los países se gravan los ingresos de las personas y no su riqueza. Esta última incluye, además de los ingresos, activos financieros, propiedades, tierras, yates o cualquier activo que forme parte del patrimonio. En los mercados financieros, “mientras más dinero tienes, más rápido se reproduce”, un fenómeno que hace muy difícil el movimiento de las personas hacia la punta de la pirámide.
“En Chile la movilidad social es bajísima”, sostiene el economista, especialmente al llegar al 10% más rico.
Frente al argumento de que un impuesto a la riqueza provoca una salida de capitales hacia otros países en los que los inversores pueden conseguir mejores rentabilidades, se advierte que las personas de alto patrimonio prefieren un país estable, en vez de arriesgarse a buscar retornos en países con ventajas tributarias, pero baja calificación de riesgo.
