Finalmente la Legislatura de Chubut debió suspender por una semana la sesión extraordinaria programada para este viernes 5 por la mañana, en la que el Gobierno provincial de Mariano Arcioni buscaba aprobar un cuestionado proyecto de “rezonificación” que hubiera habilitado la producción megaminera en territorio provincial, una actividad cuestionada por numerosas organizaciones, movimientos y sectores sociales de la provincia, que en 2003 fue rechazada explícitamente en un plebiscito histórico y contra la que ya se han impulsado por lo menos dos iniciativas populares que recolectaron miles de firmas.
La combinación de la fuerte presión popular, que este jueves convocó a grandes movilizaciones de repudio a la iniciativa en decenas de ciudades de la provincia y del resto del país, con un ajustadísimo margen de legisladores que habían anticipado su voto favorable (14 sobre 27), con la posibilidad de que algún cambio de voto o abstención de último momento genere un severo revés legislativo, decidieron al oficialismo de Arcioni a postergar el tratamiento del proyecto.
Si bien el proyecto de Ley de Desarrollo Productivo Sustentable de la Meseta contaba con el aval del Gobierno nacional, la resistencia local se había hecho sentir con fuerza en las últimas semanas, generando incluso fuertes divisiones en el Frente de Todos de la provincia (con la oposición explícita de algunos legisladores peronistas y del Consejo del Partido Justicialista de Esquel).
La postergación implica un nuevo revés para Arcioni, que apostaba a revertir la histórica oposición provincial a la megaminería como estrategia para conseguir nuevos recursos para una provincia quebrada financieramente, que viene arrastrando más de un año de fuertes conflictos políticos y gremiales por demoras e incumplimientos salariales del Estado. El gobernador contaba con la aprobación del proyecto para que la minera canadiense Pan American Silver, que prometió una inversión de mil millones de dólares, pudiera comenzar sus actividades inmediatamente en el proyecto megaminero Navidad, en el departamento de Gastre.
Una iniciativa legislativa similar del oficialismo había fracasado en diciembre, pese a que buscó seducir a un sector de la población con promesas laborales (en tanto obligaba a las mineras a contratar hasta un 80% de mano de obra local), mayores garantías ambientales y un incremento de regalías para los sindicatos del sector.
En esta ocasión se buscó el apoyo del presidente Alberto Fernández, que dio su apoyo explícito a la iniciativa, y del secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel, quien elaboró el nuevo proyecto. Pero tampoco esto fue suficiente ante el rechazo de distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, profesionales y académicas, además de recurrentes escándalos y denuncias sobre presiones y hasta coimas de las empresas mineras a los legisladores para aprobar la iniciativa.
Además del rechazo a la iniciativa de distintos colectivos ambientalistas y de pueblos originarios, en las últimas semanas circularon documentos críticos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad del Chubut y las tres regionales provinciales del INTA. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), que ya había recomendado retirar el proyecto, sumó este miércoles un extenso informe crítico en el que una Mesa Técnica Oficial interdisciplinaria enumera los riesgos ambientales del proyecto megaminero, el impacto crítico que tendría en la disponibilidad de agua, la violación de los requisitos de consulta previa a los pueblos originarios de la zona y otros problemas sociales, entre otros aspectos negativos de la iniciativa.
Aunque en la extensa reunión de este jueves de la comisión de Recursos Naturales se discutieron algunas posibles modificaciones al proyecto 128 de rezonificación, el oficialismo evaluó que no estaban dadas las condiciones para buscar la aprobación en el recinto al día siguiente y se tomará una semana más para tratar de garantizar un margen de apoyo algo menos justo. Según trascendió, el diputado oficialista Roddy Ingram pidió a sus pares, presuntamente tras consensuarlo con el gobierno provincial, que el tema continúe discutiéndose en comisión “sin sacar ningún tipo de dictamen, a la espera de más tiempo para analizar nuevas reformas a la iniciativa”.
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