La resolución del Tribunal Superior de Justicia que limita el acceso a jardines de infantes públicos a quienes no pueden pagar una institución privada fue criticada por la comunidad educativa y será apelada ante la Corte.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) a través de un comunicado señalaron que “el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) acaba de fallar contra las familias que reclaman que se cumpla el artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública”.
“Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021”, expresó el sindicato docente porteño.
Desde el grupo de Litigio Estratégico se preguntaron: «¿Y en salud qué va a pasar? ¿Los hospitales también serán solo para los pobres? Están mandando señales para otras cosas. En uno de los párrafos del fallo, la jueza De Langhe hace una enunciación de normativas y termina concluyendo que la educación superior es para quienes tengan el mérito de acceder a una vacante. En nuestro país eso no existe».
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Esta decisión de la Justicia porteña será apelada, tal como adelantó el abogado querellante de la causa que originó la sentencia, Eduardo Barreyro. Ante Página/12, el letrado mencionó que se preparan para recurrir a la Corte Suprema de Justicia «porque tenemos todos los elementos para hacerlo».
Por otro lado, los magistrados del TSJ, Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Lozano, quedaron en la mira y desde distintas organizaciones y espacios políticos impulsan un pedido de juicio político.
