En una sesión de larga duración, la Legislatura de la Ciudad aprobó en primera lectura la urbanización de la villa 31, ubicada en Retiro y conocida como barrio Padre Carlos Mugica. Curiosamente, la iniciativa, que pasará por Audiencia Pública para luego ser aprobada de manera definitiva por el Parlamento, dividió a los vecinos del asentamiento: en el recinto, decenas se manifestaron a favor y otros, que también coparon la vereda de Perú al 100, en contra.
Entres los punto que consagra la iniciativa, se destaca un programa de construcción de unas 1200 nuevas viviendas además del mejoramiento de las existentes, que consistirá en dotar a las unidades de conectividad de infraestructura sanitaria, hidrófuga y eléctrica con el objetivo de fortalecer el hábitat y favorecer su regularización dominial.
Se propone además la creación de un Consejo Consultivo para la Gestión Participativa (CCGP) del proceso de reurbanización integrado por el cuerpo de consejeros del barrio, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, representantes de la presidencia y vicepresidencia de las Comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura, un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros, cuya función será evaluar los avances del proyecto.
Por otra parte, cuando se avance con la nueva traza de la autopista Illia, todo lo que hoy forma parte de la bajada pasará a ser un conector verde donde se destinará un 25% a vialidad y un 75% de su superficie a espacio público.
También se agregó el precepto de “contemplar la factibilidad de incorporar establecimientos y/o servicios de sanidad, educativos, de cultura, culto y esparcimiento” y que la autoridad de aplicación posibilite “el acceso a reducciones tarifarias suficientes en los servicios de agua potable, electricidad y alumbrado, barrido y limpieza”.
Además, le encomienda a esa autoridad promover “la incorporación de los integrantes del grupo familiar que sean mayores de edad a programas de terminalidad educativa, capacitaciones, talleres de oficios y oportunidades laborales que tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica”.
Desde la oposición existieron críticas a la iniciativa. En primer lugar, apuntaron a la falta de consenso entre los habitantes del barrio, quienes, según argumentaron, no fueron escuchados en las reuniones de comisión. A su vez, hablaron de «falta de precisiones en aspectos clave» en el proyecto.
En este sentido, se manifestaron Patricio Del Corro y Gabriel Solano (FIT), Andrea Conde (UC) y Santiago Roberto (Bloque Peronista). «Nuestro bloque va a rechazar este proyecto, primero por el procedimiento: la Comisión de Vivienda no estaba funcionando y de repente se activó para sacar este proyecto de ley y por otro lado esta propuesta es de exclusión de los vecinos», indicó Solano.
Roberto ponderó los cambios introducidos a último momento en la norma para evitar desalojos compulsivos y pidió incorporar para los habitantes del barrio la tarifa social en los servicios públicos, especialmente en la electricidad. Explicó que su bloque vota a favor pero lo hará negativamente en la segunda lectura si no se toman en cuenta las propuestas de los vecinos y las atribuciones de una mesa de participación. Mientras que Conde destacó que el proyecto «no responde a las necesidades de los habitantes, no garantiza la tenencia de la tierra ni el arraigo».
Finalmente, la ley fue aprobada en primera lectura con 40 votos positivos (VJ, BP, PS), 5 negativos (FIT, MST, AyL) y 13 abstenciones (UC, GEN, Evolución) y deberá pasar por Audiencia Pública.
Acto seguido, el Parlamento discutió, en el marco de la primera lectura, un proyecto para llamar a licitación pública a fin de otorgar la concesión, por 15 años prorrogable por otros cinco, del inmueble de la Recoleta donde hoy funciona Buenos Aires Desing.
Impulsado por el oficialismo, la iniciativa permite al Poder Ejecutivo porteño «a concesionar el uso y explotación, por un plazo de 15 años, prorrogable por única vez por el plazo máximo de 5 años, de los espacios ubicados en el inmueble» situado entre avenida Pueyrredón y Azcuénaga y calle Junín, colindante con el Centro Cultural Recoleta, la histórica Iglesia del Pilar y, por otro lado, aledaño a la plaza Intendente Torcuato de Alvear.
En caso de que el Poder Ejecutivo otorgue permisos de uso a quienes actualmente ejercen el uso y explotación de locales, el canon se basará en una tasación del Banco Ciudad y «se admitirá la continuidad de los usos (de los permisionarios actuales) por un plazo que no podrá ser menor a 18 meses, hasta tanto se adjudique la nueva concesión».
