El martes pasado se aprobó en comisión el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio (JxC) llamado “Integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”. Una iniciativa que no tendrá respaldo en el bloque opositor más importante: desde el Frente de Todos (FdT) denuncian que sólo favorecerá «a las grandes empresas», «tampoco crea trabajo» y «podría llevar a la quiebra» a los emprendimientos barriales.
Según lo indicado por el oficialismo porteño, y tal como lo indica su nombre, el proyecto crea un distrito de Integración productiva e Impulsa al trabajo en barrios populares de la Ciudad , en la que formarán parte aquellos barrios donde se estén realizando procesos de reurbanización y que «serán identificados y delimitados oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat».
Asimismo, las empresas que decidan invertir en este nuevo distrito deberán cumplir con ciertos requisitos como no registrar deuda ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y tendrán que inscribirse en un registro. A cambio, las que inviertan en un «proyecto de desarrollo» en los barrios populares «podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) un porcentaje del monto invertido».
Pero, el Frente de Todos presentó, luego de la aprobación del recinto, su propio dictamen en el que rechazan el proyecto: “Acá no hay integración productiva ni apoyo al trabajo, sino beneficios del Estado para la instalación de cadenas comerciales sin tener en cuenta a los emprendimientos que ya existen en los barrios, a los que podrían llevar a la quiebra. Tampoco crea trabajo, plantea un piso muy bajo de empleabilidad en los barrios, de un 30%, pero ni siquiera lo garantiza, es discrecional”, aseguró la legisladora del FdT y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Laura Velasco.
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“No le encontramos ningún beneficio para los barrios populares. Es una ley que favorece condonando impuestos desde el Gobierno de la Ciudad a grandes empresas, cadenas y multinacionales, que no van a invertir, en lugar de apoyar a quienes están en desventaja, a través de la implementación de la Ley de la Economía Social y Popular aprobada hace un año y medio. La mayoría de los emprendimientos barriales no acceden a financiamiento y no se promueven los polos productivos ni las ferias de la economía popular» añadió.
Javier Andrade, legislador del FdT, acotó que «se trata de beneficios impositivos con descuentos del pago de IIBB para distintas actividades comerciales. O sea, grandes empresas podrían dejar de pagar hasta un 80% de lo que tributan de IIBB en la Ciudad si ese importe lo invierten en barrios populares».
El dictamen presentado por el bloque opositor señala que “la gran mayoría de las actividades promovidas son ya ejercidas por comerciantes, trabajadores y unidades económicas que no son reconocidas por este proyecto (el oficial) como emprendimientos gastronómicos, panaderías, verdulerías, carnicerías y tiendas textiles. La incorporación de actores externos, con mayor capital y beneficios impositivos genera una competencia desleal para las economías barriales”.
Por su parte, el oficialismo defendió el proyecto al afirmar que «es parte de los procesos de urbanización» ya iniciados y que es su «objetivo de generar trabajo». No siendo suficiente este argumento, desde la oposición se lo criticó haciendo hincapié en que beneficia a «grandes empresas» que competirán de manera «desleal» contra los pequeños comercios. «Se permitirá que grandes cadenas, con beneficios siderales, destruyan a las pequeñas unidades productivas», remarcó la legisladora Claudia Neira (FdT).
Cabe destacar que varios vecinos tampoco estuvieron de acuerdo con la iniciativa de JxC, y durante el plenario, levantaron carteles con la frase «No a la ley Farmacity». Hacían referencia a la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad donde se preadjudicó una licitación a esa cadena y otras dos empresas para instalarse en Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita. Farmacity, que supo tener al frente a Mario Quintana, integrante del gabinete de Mauricio Macri, también busca ingresar en Provincia, algo que hoy se encuentra judicializado por el Colegio Farmacéutico que denuncia competencia desleal.
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Mientras tanto, las leyes de reurbanización de CABA, los cuatro barrios afectados por esta iniciativa (Padre Múgica, Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Villa 20) establecen la obligatoriedad de realizar consultas populares con las vecinas y vecinos. Pero este no fue el caso. De hecho, según expresó Velasco, está previsto que el proyecto se discuta en la mesa de gestión participativa del barrio Padre Múgica la semana siguiente a que la ley sea votada en el recinto: «Parece una burla”. Y completó: «En la Ciudad tenemos 20 mil empleos menos que antes de la pandemia y se siguen proponiendo políticas públicas para beneficiar a las empresas amigas con fondos públicos«.
Quién expresó su descontento con la iniciativa fue la legisladora del FdT, María Bielli quien sostuvo a través de su cuenta de Twitter que JxC, sólo busca darle “beneficios impositivos a empresas que se instalen en proceso de reurbanización”. En ese sentido sostuvo: “Donde hay una necesidad nace un negocio”.
1° Acto
Juntos por el Cambio manda un proyecto a @LegisCABA que bajo el nombre “impulso productivo e impulso al trabajo” le da beneficios impositivos a empresas que se instalen en barrios populares en proceso de reurbanización.— Maru Bielli (@Maru_Bielli) May 24, 2022
2° Acto
El oficialismo decide no discutirlo en las mesas de gestión participativa (ámbitos establecidos por las leyes de urbanización para discutir todo lo que respecta a los procesos).— Maru Bielli (@Maru_Bielli) May 24, 2022
3° Acto
El oficialismo, sin que el proyecto esté aprobado, le adjudica las concesiones de locales a FARMACITY y RES.¿Cómo se llama la obra? 👇🏾
“Donde hay una necesidad nace un negocio». pic.twitter.com/31VOGDQSqW— Maru Bielli (@Maru_Bielli) May 24, 2022
