En la sesión del día jueves, la Legislatura porteña estableció un convenio entre la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACuMaR) y el Gobierno de la Ciudad para que se realicen obras en los terrenos costeros del barrio de La Boca.
Según indica la normativa, la Ciudad de Buenos Aires cede por 25 años el usufructo de un terreno donde se construirá el edificio sede de ACuMaR, en el que trabajarán diariamente más de medio millar de funcionarios y empleados de ese ente tripartido (Nación, Ciudad, Provincia de Buenos Aires). A su vez, el plan incluye el rescate y la puesta en valor de lo que fue el complejo Barraca Peña (en Av. Pedro de Mendoza entre el 2900 y el 3100) y la construcción de un segundo tramo de paseo ribereño, en una franja de mil metros de extensión por 25 metros de ancho, a la vera del Riachuelo.
En la ley sancionada por el Parlamento, queda en claro que las obras serán financiadas por ACuMaR y planificadas por el Gobierno de la CABA. El paseo costero (tramo II) se extenderá por la avenida Pedro de Mendoza, entre las calles Cerri y Hernandarias, conectando Vuelta de Rocha con la Barraca Peña. La sede del organismo se levantará en Pedro de Mendoza 3181/85/95, con cinco pisos de altitud y 4.400 metros cuadrados de construcción.
Otro de los puntos sobresalientes de la sesión pasó por la adhesión de los diputados porteños al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, instituido por la ley nacional 25.917 del año 2004 y actualizado por ley 27.428, del corriente año.
La Ley Nº 27.428 es el resultado del consenso alcanzado entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional. «Todos estamos haciendo una apuesta al crecimiento de la Argentina. Los gobernadores de 22 provincias y el Jefe de Gobierno de esta Ciudad, trabajan para que en cada una de sus jurisdicciones hayan más inversiones, que impulsen al sector productivo y hagan crecer las economías regionales, lo cual debería ser reconocido por todos los sectores políticos como lo más trascendente, más allá de la letra fina, con la que podemos diferir en algunos aspectos menores», afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paula Villalba de Vamos Juntos, durante su discurso en el recinto.
Asimismo recalcó: «Otra arista de enorme relevancia que prevé el pacto suscripto, es recuperar el superávit fiscal». «Ni más ni menos que empezar a controlar el gasto corriente para darle solvencia fiscal a las cuentas públicas tanto de la Nación como de todas las provincias», señaló.
Sobre este tema, Carlos Tomada (Unidad Ciudadana) cuestionó que la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 hasta la actualidad haya tenido un déficit en aumento cubierto con endeudamiento, fue del 1,8% en 2007 y será de 4,7% en 2018″. Acotó que «en el mismo período perdieron áreas de salud y educación públicas del 53% al 42% en 2017 y a pesar del crecimiento del 70% por la política nacional el endeudamiento por habitante pasó de 170 dólares a 1.206». «La adhesión implica un ajuste drástico sobre el recorte de impuestos a las empresas y la reducción del gasto menor que la inflación», explicó, «la inflación en 2018 en la Ciudad tiene un piso del 20%, no del 12% previsto en el presupuesto y el gasto caerá el 8,1%, más que a nivel nacional», concluyó.
