En el primer día hábil del gobierno de Gustavo Petro, el ministro José Antonio Ocampo presentó el texto completo del proyecto de ley de reforma tributaria “para la igualdad y la justicia social”.
La iniciativa del flamante presidente de Colombia es una reforma que, en términos generales, responde a las recomendaciones de expertos como la Ocde y la Cepal, y que implica una mayor carga tributaria para las personas más adineradas y el sector extractivo. Aunque la reforma no establece destinos específicos de todos estos ingresos nuevos, según Ocampo, casi por definición, al gravar a las personas de más altos ingresos de una manera tan progresiva, se reducen automáticamente los índices de desigualdad. Un argumento que utilizarán en el Congreso para conseguir su aprobación.
Los ejes claves de la reforma tributaria deberán ser aprobados en los próximos 140 días si la pretensión es que sus normas se apliquen en el período fiscal correspondiente al 2023:
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1. El IVA no se toca
El proyecto no se mete con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, salvo para eliminar el reciente invento de los días sin IVA.
Algunos centros de investigación habían propuesto, por ejemplo, subir de manera gradual, en tres años, todos los bienes y servicios exentos, excluidos o gravados al 5% a una tarifa del 8 por ciento. Esa tímida modificación, que ni siquiera acercaba esos productos a la actual tarifa general del 19%, no fue tenida en cuenta en la propuesta de Ocampo.
Así, el Gobierno renuncia a tapar huecos y distorsiones importantes derivadas de un listado no del todo justificado de bienes y servicios exentos de este impuesto o con tarifa preferencial (tablets, seguros privados de salud, celulares), pero le apuesta a ganar viabilidad política.
Al ser el IVA un impuesto indirecto, se considera por los expertos un impuesto regresivo, o al menos no progresivo dado que el que gana más no paga más proporcionalmente. Por eso, además de ganar viabilidad política, al no tocar este tributo el gobierno refuerza el mensaje de que esta es una reforma que propende por una mayor igualdad.
2. Las personas más ricas llevan la mayor carga y cambia la definición de ‘ingreso’
‘Los ricos también lloran’, dicen en Colombia, podría ser el título general del proyecto.
De los 25 billones de pesos colombianos que aspira a recaudar el gobierno en el primer año con esta reforma (50 billones al final del cuatrienio, con la implementación de algunas medidas antievasión), poco más de 8 billones provienen de reformas al impuesto de renta de personas físicas.
En términos puramente económicos, la clase media en Colombia está compuesta por quienes tienen un ingreso al mes de entre $690.524 y $3.718.200 (entre 1600 y 6000 dólares aproximadamente). Esta reforma afectará sólo a quienes tengan ingresos de más de diez millones de pesos al mes (algo así como 2400 dólares mensuales). Así que, de entrada, es una reforma orientada con bastante énfasis hacia la clase alta, incluso muy alta.
La forma de hacerlo es una combinación de varias herramientas, entre las que se destacan sobre todo dos: por un lado, establece una tarifa progresiva que va aumentando a medida que van aumentando los ingresos, hasta llegar a una del 25,7 por ciento para los ingresos muy altos, los que ganan de 140 millones de pesos al mes para arriba.
Según el ministro Ocampo, unas 34 mil personas están en ese rango y pagan una renta de 16,4 por ciento sobre sus ingresos. Si se aprueba la nueva reforma, pasarían de pagar casi 23 millones de pesos por ese nivel de ingresos, a pagar poco más de 35 millones de pesos.
Pero, para una persona que gane, por ejemplo, 11 millones de pesos al mes, la tarifa pasa de 4,6 por ciento a 6.4%, y el aumento mensual en el impuesto de renta sería de $200 mil, pues pasaría de pagar 500 mil pesos a 700 mil pesos. Los que tengan un sueldo de $10 millones o menos seguirían sin pagar nada.
3. Crea un impuesto nuevo a las exportaciones de petróleo, carbón y oro
La reforma trae un nuevo impuesto a las exportaciones de productos extraídos del subsuelo, una propuesta que no aparece en ninguna recomendación de la Ocde (el denominado club de los países ricos), ni la Cepal (el centro de la ONU para estudios económicos latinoamericanos), ni Fedesarrollo o Econometría (dos de los centros de investigación económica más reputados de Colombia).
Con ese impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, el gobierno aspira a recaudar 7 billones de pesos, el 28% del total. Más incluso que lo que pretende conseguir con las modificaciones del impuesto de renta a las empresas, por ejemplo.
Es un impuesto que, según la exposición de motivos, “funciona como un pago al gobierno por los derechos a exportar un bien o servicio a otro país”.
Hay dos críticas que ya salieron a la luz por estas horas.
La primera es que estas empresas ya pagan regalías por lo cual este impuesto sería obligarlas a pagar dos veces por lo mismo, a lo cual Ocampo contestó que son dos cosas muy distintas: las regalías son simplemente el pago obvio que debe hacer quien explota y se enriquece por un activo que por Constitución le pertenece a la Nación, el subsuelo, mientras que el impuesto es el tributo por el ejercicio de una actividad económica como cualquier otra. No es esta una explicación en sí misma muy sólida pues por esa vía cualquier actividad exportadora, por el solo hecho de serla, ameritaría este impuesto extraordinario.
La segunda crítica es que este impuesto desincentiva la inversión. El Gobierno, dado su enfoque ambientalista y antiextractivista, contesta, palabras más, palabras menos, que esa es justamente la idea. O, en términos de la exposición de motivos, “el impuesto generaría incentivos para que Colombia avance con mayor rapidez hacia una estructura productiva con menor contribución de la producción minera y petrolera”.
4. Mantiene la misma tarifa de renta a las empresas y elimina casi todas las exenciones
Varios de los centros de pensamiento mencionados han sugerido con insistencia la necesidad de reducir la tarifa general del impuesto de renta de las empresas, pero al tiempo eliminar varias exenciones y tratamientos privilegiados a sectores específicos.
5. Suben los impuestos a las gaseosas, golosinas y «comida chatarra»
Como lo había anunciado Petro desde campaña, la reforma propone un mayor impuesto para las bebidas azucaradas y para los alimentos ultraprocesados como los paquetes de papas fritas.
El ministro Ocampo explicó que esta medida, más que un propósito fiscal (sólo aspira a recaudar el 10 por ciento del total, si se le incluye además una extensión del impuesto al carbono y a los plásticos de un solo uso), tiene un propósito sociológico: desincentivar el consumo de este tipo de productos, que según el consenso científico, afectan de manera particularmente notoria la salud humana y generan costos públicos al sistema de salud.
6. Se acaba la distorsión de los combustibles en zonas fronterizas
El proyecto aborda el complejo tema de los combustibles en zonas de frontera. Hoy en día, la gasolina en las regiones fronterizas tienen un tratamiento tributario favorable. Esto surgió de la ley de fronteras, como uno de los mecanismos para incentivar la inversión y el comercio en esas zonas.
Sin embargo, según el gobierno, esto sólo ha servido para generar contrabando entre esas regiones y el resto del país. La reforma acaba con esa diferenciación.
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