Allanan los domicilios de Cristiana y su abogado anticipa que pedirán juicio político a Bonadío

En horas del mediodía de este jueves comenzó el allanamiento al domicilio porteño de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa de los cuadernos del ex chofer arrepentido Oscar Centeno. En medio de un impresionante despliegue policial numerosos peritos de diversas especialidades ingresaron al departamento de Uruguay y Juncal, confirmando que no se tratará únicamente de una constatación visual, como se había anticipado.

El procedimiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadío y aprobado anoche por unanimidad en el Senado de la Nación cuenta con un fuerte operativo de seguridad a cargo de efectivos de Infantería y la Policía Federal. Se prevé que en las próximas horas también se realicen operativos similares en las propiedades de Cristina de Río Gallegos y El Calafate.

Finalmente la ex presidenta no pudo lograr consenso en torno a las condiciones que había propuesto para acordar voluntariamente con los allanamientos, entre ellas que no haya cámaras de televisión y que algunos senadores pudieran acompañar el procedimiento. Se prevé que, por las características de los peritos que ingresaron al departamento, incluso acompañados de perros especializados en la búsqueda de dinero, el procedimiento se prolongará durante buena parte de la tarde.

Uno de los abogados defensores de la ex presidenta, Carlos Beraldi, incluso denunció ante las cámaras de televisión que por orden del juez Bonadío y sin mayores explicaciones se violó lo votado en el Senado respecto de la exigencia de que haya por lo menos un representante legal de Cristina presente durante el allanamiento, obligándolo a retirarse del departamento. “Una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa y no a un procedimiento policial, que se lleva en clara violación de los principios del estado de derecho. Por supuesto que vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a requerir el juicio político del magistrado”, anticipó el abogado. Y remató: «Es un acto de arbitrariedad del juez, de los tantos que ha cometido, apañado tantas veces por el Poder Ejecutivo».

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