El Senado se encamina a sancionar una ley que otorga beneficios fiscales a la construcción. Las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda firmaron ayer un dictamen favorable al proyecto que exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años. Se espera que en las próximas semanas se sancione esta ley que ya tiene media sanción de Diputados.
La iniciativa también otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1 por ciento del monto invertido. También prevé un blanqueo para estas firmas. Determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo). A esto se le suma una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.
«Hay sectores que cuando el Estado ayuda, se aprovechan para obtener más rentabilidad», puso un reparo el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT), al referirse a la necesidad de un acuerdo con formadores de precios que producen bienes para el sector. Con esto busca evitar aumentos de precios de insumos de la construcción.
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Una de las miradas que no estuvo presente en el debate durante el plenario de comisiones de la Cámara alta fue la del acceso a la vivienda como un derecho humano. Guillermina Greco, abogada de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el área de derecho a la Ciudad, dijo a Informe Político: «Nos preocupa que no se ve cómo una regulación que busque garantizar el derecho a la vivienda. Se ve cómo beneficios para inversores pero no la dimensión de los derechos». «Tiene que ver con un derecho que pospandemia es más preocupante. Aun tenemos el decreto que prohíbe los desalojos pero la situación habitacional va a ser más grave. Nos preocupa ver una normativa que no aliente a la vivienda», alertó la especialista de la ACIJ.
Desde Juntos por el Cambio, el senador Martín Lousteau consideró que se está incentivando algo «importante» para la reactivación pero preguntó por qué no se incluyen otros sectores y sólo se contemple a la construcción. El ex ministro de Economía cuestionó el nivel de informalidad, al que calificó como «muy alto» en el rubro, y el hecho de que «se enfoquen los cañones a un sector cuando hay otros que lo necesitan más».
En tanto, el secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, explicó: «básicamente la propuesta está orientada a atender la problemática en la industria de construcción que entre 2018 y 2019 tuvo una caída muy importante en la cantidad de empleo registrado por la crisis macroeconómica». Respecto al objetivo dijo que con esta ley buscan «incentivar una mayor actividad de la economía de la industria, pero también movilizar los ahorros de los argentinos hacia la construcción».
