Se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones y ratifica lo aprobado en el Senado. La norma regula los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos, incluidos los del cannabis medicinal.
El objetivo de la ley es generar regulación para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
La actividad del cáñamo industrial, cercenada por una decisión de la última dictadura cívico-militar, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto, que recibió 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, estipula la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
La entidad dependerá del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá autarquía técnica, funcional y financiera.
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La nueva agencia será la encargada de establecer los requisitos y antecedentes que se solicitarán a quien pida lugar en la actividad, con el fin de «maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos».
La nueva ley busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».
La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda el país.
Se calcula que el potencial económico para el desarrollo de la actividad para el año 2025 rondará en los 10.000 nuevos empleos, con una alta presencia en I+D+i, Investigación, Desarrollo e Inversión. En términos económicos, se calcula en 500 millones de dólares anuales el nivel de ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportación anuales, de acuerdo a los datos oficiales que se divulgaron al momento de presentar el proyecto desde el ministerio de Desarrollo Productivo.
