La Sala de Feria de la Cámara Federal porteña definió hoy la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou y de su socio José María Núñez Carmona. Sin embargo, Boudou permanecerá detenido hasta que se resuelva otro pedido de excarcelación por la causa en la que el juez Ariel Lijo lo investiga por presuntas irregularidades en la rendición de viáticos cuando era ministro de Economía.
La excarcelación de Boudou fue aprobada por los jueces de la sala de feria Eduardo Farah y Rodolfo Pociello Argerich (juez de la Cámara del Crimen convocado para desempatar ante el voto negativo del camarista Leopoldo Bruglia). La causa había llegado a la Cámara después de que Lijo negara la excarcelación (el mismo día además le sumó otro pedido de prisión preventiva por la investigación de rendición de viáticos con tres facturas presuntamente truchas durante un viaje a Francia como ministro de Hacienda). La Sala de Feria de la Cámara Federal podría expedirse mañana mismo sobre este segundo caso.
Boudou se encuentra detenido desde el pasado 3 de noviembre en una causa que lo investiga por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Los camaristas que definieron su excarcelación argumentaron que hay falta de resolución de la situación procesal, carencia de sustento en la detención, un ritmo “sin dinámica” en la causa y poca correlación entre los avances en la causa y las afirmaciones realizadas por el juez Lijo.
Los jueces consideraron que la prisión preventiva dictada por Lijo constituyó una “intempestiva variación” que no se correspondía con “la actividad procesal hasta entonces desplegada”. Además, señalaron que a dos meses de la detención de los acusados “aún el Juez no ha definido las situaciones procesales de los detenidos conforme establece expresamente el art. 306 del Código Procesal Penal”, que fija un plazo “de 10 días para hacerlo”. En su resolución, Farah añadió que esta demora podía explicarse porque Lijo “o no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar el vínculo de los imputados con los hechos que les había reprochado o la urgencia entonces alegada no era tal”.
Los fundamentos de Farah también señalan la falta de pruebas concretas para detener al ex Vicepresidente y denuncian una posible “arbitrariedad” por parte de Lijo. Plantea que la necesidad de castigar los hechos de corrupción “no suple de ninguna manera la exigencia de contar con los elementos que acrediten el hecho ilícito y la responsabilidad de quienes por ello son acusados”, lo que continúa siendo una “obligación ineludible a fin de evitar que se abra paso a la arbitrariedad”.
Siendo que la prisión preventiva en la causa de las facturas truchas se dictó por su “conexidad” con la de enriquecimiento ilícito, por la que hoy se le otorgó la excarcelación, se estima que la Cámara Federal podría dictar un fallo similar al emitido hoy y Boudou podría recuperar su libertad en los próximos días.
