El Fiscal Federal Carlos Amad, que interviene en la investigación por el presunto peculado cometido por el Diputado Nacional Emiliano Estrada, requirió a la Jueza Federal de Garantías que fije audiencia para tratar la competencia de la Justicia Federal de Salta para continuar entendiendo en ese asunto, adelantando que se opondrá al envío de las actuaciones a la Justicia Federal de la CABA (Comodoro Py).
“La única forma de resolver este conflicto es que se fije la audiencia correspondiente”, afirmó Amad, al referirse al pedido del juez Sebastián Casanello de trasladar la causa a Buenos Aires.
Además, el Dr. Amad requirió que se convoque a la audiencia prevista en el artículo 257 del Código Procesal Penal Federal para realizar la formal imputación por los hechos atribuidos al Diputado Estrada, vinculados con la utilización de empleados públicos para la realización de una campaña mediática anónima en redes sociales, orientada a la difamación y desprestigio de distintas figuras de la política y el empresariado local.
Esto constituiría, según el fiscal, el delito de peculado, ya que el diputado habría utilizado recursos humanos del Estado para fines personales.
En dicha audiencia, equivalente a la llamada “declaración indagatoria” del Código Federal anterior y a la “audiencia de imputación” prevista en el proceso penal de la Provincia de Salta, el Diputado Estrada, acompañado por sus abogados defensores, podrá formular su descargo en relación con los hechos que se le atribuyen.
Amad también cuestionó el accionar de la Justicia provincial al requerir la inhibición de la Justicia Federal: “Están pidiendo un imposible. La Justicia provincial nos exige que nos declaremos incompetentes para investigar un delito federal”, señaló el fiscal, reforzando la posición de que el fuero federal salteño debe continuar con la causa.
Por último, Amad advirtió que, si Estrada no se presenta a la audiencia prevista para el viernes 6 de junio a las 9 de la mañana, “pediré su desafuero para lograr que esté a derecho”.
Cabe recordar que Estrada también está imputado por el delito de intimidación pública ante la justicia provincial, donde ya fueron condenados dos empleados que estaban bajo su órbita en el Congreso de la Nación a la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso. Ese proceso, hasta el momento, no pudo avanzar contra el legislador nacional, que se amparó en sus fueros para evitar someterse a la audiencia de imputación.
