Consejo de la Magistratura, al borde de la paralización

En un marco de tensiones políticas sobre la modificación del Consejo de la Magistratura, no se sabe bien que sucederá con la misma ya que el plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia se venció este viernes.

En ese sentido, el máximo tribunal había dictado en diciembre pasado un fallo en el que se establecía un plazo de 120 días para para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Por este motivo la mirada está puesta sobre en lo que hará Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte.

Según lo establecido durante estos cuatros meses el Congreso debía aprobar una nueva conformación o el propio Consejo debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.

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Cabe recordar que la actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional y el Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara de Diputados.

Si bien para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara.

En ese lineamiento, el PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes pero otro fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos, le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a sus representantes.

Desde Juntos por el Cambio, esa decisión de un juzgado de primera instancia no tiene validez ya que la Corte lo declaró inconstitucional. De hecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la causa contra la conformación del Consejo en 2006, le reclamó al alto tribunal que deje sin efecto el fallo del magistrado Daniel Alonso, quien hizo lugar a una cautelar del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

Por otro lado, la norma que propuso el oficialismo excluye al presidente de la Corte de encabezar el Consejo de la Magistratura y allí reside el principal punto del cortocircuito.

En este contexto, este lunes, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá resolver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso.

Si no hay avances, la consecuencia directa es la paralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sanciona jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que, si pasado el 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considerado inválidos.

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