En el marco de una situación cada vez más tensa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires en torno a la presencialidad escolar, este martes la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de la Procuraduría del Tesoro y ratificó que el miércoles recibirá a representantes de ambos distritos para una audiencia de conciliación sobre el recorte de la coparticipación porteña que concretó el gobierno de Alberto Fernández en septiembre del año pasado, lo que marcó el inicio de un fuerte enfrentamiento político tras varios meses de “pax pandémica”.
El Máximo Tribunal rechazó “in limine” el planeo de “excepción de incompetencia” presentado por la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Estado, encabezado por el ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini), que sostenía que el Gobierno de la Ciudad no tenía competencia para accionar directamente contra la Nación ante la Corte Suprema.
Coparticipación: La Corte convocó a una audiencia de conciliación entre Nación y CABA
Desde Procuración se planteó que en el recorte de la coparticipación porteña el oficialismo “actuó de buena fe”, convocando permanentemente a dialogar al Gobierno porteño para acordar los nuevos valores de las transferencias de fondos nacionales necesarias para sostener la operatividad de la Policía de la Ciudad (calculada en 24.500 millones de pesos por el Ministerio de Economía).
El rechazo del planteo de los letrados del Gobierno ratifica la realización de una audiencia de conciliación este miércoles a las 10 de la mañana, durante la que se intentará llegar a un acuerdo sobre los fondos en disputa.
Coparticipación: Bajo el macrismo, 6 de cada 10 pesos fueron para Larreta y Vidal
Aunque el Gobierno de Alberto Fernández venía anticipando el posible recorte de los fondos que recibía Ciudad por coparticipación (por considerar que habían sido indebidamente incrementados durante el gobierno de Mauricio Macri), la medida recién se concretó en septiembre del año pasado, como respuesta a la necesidad de provincia de Buenos Aires de fondos extraordinarios para satisfacer una serie de reclamos policiales que habían llevado a la Bonaerense a una rebelión.
La decisión fue inmediatamente rechazada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que judicializó su planteo ante la Corte Suprema y, a la espera del fallo del Máximo Tribunal, se negó a las sucesivas invitaciones del oficialismo a discutir diversos mecanismos de compensación, afirmando que el recorte le implicó un perjuicio superior a 32 mil millones de pesos al mes de marzo de este año.
