La Procuración, a cargo de Laura Monti, dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en las demandas de las provincias que cuestionan los decretos de la administración de Mauricio Macri sobre los fondos coparticipables, que podrían implicar una disminución en su recaudación impositiva.
Para el organismo que lidera Monti, se trata de casos de competencia originaria. Sin embargo, y de acuerdo a fuentes del máximo tribunal de Justicia, la Corte no posee plazos para resolver el conflicto entre las provincias y el Gobierno. Incluso, podría esperar a que el tema sea tratado en el Congreso, donde debe cumplirse con el procedimiento ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
16 provincias fueron a la Corte Suprema para defender la coparticipación
Por otro lado, y tal como consigna La Nación, la CSJN considera que esta confrontación es política y que es preferible mostrar prudencia en un año electoral enmarcado en una grave crisis económica y social.
Cabe destacar que el pasado 27 de agosto Monti recomendó, por primera vez, que la Corte Suprema de la Nación, y no los juzgados de primera instancia de las provincias, es quien debe resolver el conflicto que se generó a raíz del decreto de Macri que congela precios de combustibles y quita IVA a los alimentos de la canasta básica.
Monti definió la competencia del máximo tribunal al entender en el pedido de inconstitucionalidad de la medida promovida por la provincia de Neuquén, en virtud de que la decisión de la administración central “afecta negativamente los ingresos provinciales”, tanto por las regalías perdidas como por la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos”.
“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, señaló la procuradora en su escrito.
