Con 57 votos a favor de Unión por Córdoba, UCR, PRO y Frente Cívico, y 5 en contra, aportados del kirchnerismo y Encuentro Vecinal, y 8 ausentes de los legisladores de extracción gremial y de la izquierda, la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba aprobó la ley que declara “servicio esencial” al transporte público de pasajeros, junto a la provisión de agua potable y la energía.
A pesar de las recomendaciones de la OIT, que no recomienda este tipo de legislación, y el rechazo de gremios como la CGT y la CTA, se sancionó una ley que establece que “cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales”…, “sea por tratarse de servicios esenciales, relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”.
Asimismo determina que los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental, “quedan expresamente comprendidos entre los referidos en el artículo anterior, a efectos de dar cumplimiento a las garantías mínimas de prestación y de asegurar el goce de los derechos constitucionales, en el marco de los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo receptados por la República Argentina”.
Otro de los puntos salientes de la nueva ley es que “la falta de cumplimiento del deber de trabajar, por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerado falta grave, y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables”.
